Rechazan recusación de Prieto y prevén aplicar sanciones por maniobras dilatorias

El líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este.
El líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este.

Un tribunal de alzada rechazó la recusación presentada por Miguel Prieto contra el juez Humberto Otazú. Igualmente, la Cámara de Apelación prevé aplicar sanciones disciplinarias por planteos considerados dilatorios. El exjefe comunal deberá comparecer el próximo 10 de junio ante el tribunal. El proceso guarda relación con el presunto desvío de G. 306.188.500 en el denominado caso Tajy.

El rechazo de la recusación fue resuelto por los jueces Claudia Carolina Criscioni Ferreira, Gustavo Amarilla Arnica y Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, luego de que Miguel Prieto solicitara que el juez Humberto Otazú se apartara de la causa en su contra.

Según Prieto, el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos mantiene una relación de amistad con la familia Zacarías, por lo que debía ser apartado del proceso. Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Cámara de Apelaciones, esta misma circunstancia ya fue expuesta en varias ocasiones y siempre fue rechazada.

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Además, Prieto alegó que el magistrado demostró “manifiesta parcialidad” al no admitir determinados medios de prueba en otra causa. No obstante, para el tribunal, la recusación carece de hechos que la sustenten y, al no haberse invocado motivo razonable alguno, corresponde rechazar el planteamiento formulado.

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Igualmente, el tribunal fijó para el próximo 10 de junio, a las 09:00, una audiencia ante la Cámara de Apelación para analizar el planteo, ya que puede ser considerado una acción dilatoria.

Antecedentes del proceso

En el marco de esta causa, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez presentaron acusación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal contra Prieto y otros procesados.

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Los acusados son sindicados de haber recurrido a licitaciones públicas para el desvío de dinero público mediante supuestas compras ficticias.