Según el abogado Paredes sostiene, Clemencio es un campesino analfabeto que cumplía de ayudante albañil en el sitio que fue intervenido. En el caso de Da Silva, indicó que se trata de un brasileño que se desempeña como pintor de obra, pero que ambos fueron imputados por violación a la ley de armas, por la Ley 1340 de tráfico de drogas, por homicidio doloso en grado de tentativa (por haber supuestamente disparado contra los policías intervinientes) y por asociación criminal, como si fueran peligrosos delincuentes.

El defensor indicó que en estas condiciones los fiscales recusados deben ser apartados de la causa, porque son parte interesada y no van a aclarar las ejecuciones en las que incurrieron las fuerzas policiales.

Las pericias de supuestos disparos de los que fueron abatidos, se realizan sin orden judicial, agregó Paredes. La jueza Rosarito Montanía de Bassani al autorizar el procedimiento, aclaró que los fiscales son los responsables del operativo que culminó con la supuesta ejecución de cinco personas, según la defensa.