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Los camaristas concluyeron que en el caso “no resulta viable quebrantar la prisión preventiva” del procesado, así como lo dispuso “displicentemente” el juez. Agregaron que en la causa no se incorporaron nuevos elementos que hagan variar la situación jurídica del procesado.
“Corresponden por prudencia debida asegurar el sometimiento a la justicia del procesado”, enfatizaron los magistrados.
La Cámara también resaltó que hay que tener en cuenta que en la causa continúan prófugos de la justicia otros imputados como Bruno Fromhers Mongelós, José Luis Alves de Souza y Andrés da Costa Amaral.
Los antecedentes del caso revelan que el 13 de febrero pasado se encontraron 30 toneladas de billetes venezolanos en la casa de los da Costa Amaral, que se estaban ofreciendo en el país por montos millonarios.
La resolución del juez Martínez es muy sospechosa y fue dictada el Martes Santo a la tarde. Además, el mismo no era el juez original de la causa, sino un interino.
Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, ordenó una auditoría a la gestión de Martínez. El trabajo está a cargo de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo director es el abogado Mario Elizeche.
Según fuentes, funcionarios de la referida dependencia judicial, ya se constituyeron en Salto del Guairá para hacer el trabajo.