Sentencia que rechaza el comiso de la estancia de narco genera desconfianza

Los magistrados que conformaron el Tribunal de Sentencia alegaron negligencia del Ministerio Público durante el proceso investigativo (que estuvo a cargo del entonces fiscal Francisco de Vargas, sustituido en la causa por Marcelo Pecci) para lavarse las manos y rechazar el comiso del valioso inmueble que era utilizado para el tráfico de cocaína, como se probó en juicio oral. Agregaron que ni el nombre de la estancia ni el número de finca corresponden a la propiedad de Pinazo, sino a otra distinta, por lo que se rechazó la petición fiscal.

En un primer juicio oral, que fue anulado por la Cámara de Apelación, los jueces Víctor Alfieri, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro habían rechazado el comiso solicitado por Pecci. Los magistrados refirieron que el agente pidió el comiso de la finca número 73 de Bella Vista Norte, que nunca fue objeto del debate debido a que se trata de la estancia “Brilhante”, propiedad de otro narcotraficante (Marcelino Colmán, sentenciado a 20 años de cárcel) y que ya había sido objeto de comiso en otro juicio por el cargamento de 390 kilos de cocaína en octubre de 2011 en Bella Vista Norte.

La sentencia de Alfieri, Zárate y Capurro fue apelada por Pecci, quien en su escrito ante la Cámara acusó a los jueces de ser complacientes con la legitimación del dinero originado en el narcotráfico. Resaltó que los magistrados mutilaron pruebas y distorsionaron el acta de un juicio oral por lavado de dinero, para evitar el comiso de la finca.

“Es inevitable afirmar que sobre la negación del comiso predominan en el fallo cuestionado llamativas e incomprensibles consideraciones, que sobre base de omisiones, visiones fragmentarias, forzadas construcciones y falsedades, impone un veredicto deficitario y despreciativo a la debida imparcialidad en el rol decisor jurisdiccional”, apuntó Pecci en la apelación.

Camaristas

Los camaristas Gustavo Santander, Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez anularon la sentencia de Alfieri, Zárate y Capurro que había rechazado el comiso y ordenaron que se haga un nuevo juicio oral. Los miembros de segunda instancia dejaron claro que Pinazo “transformó un bien de origen lícito para usar como plataforma de una actividad ilícita, que como mínimo debe ser analizada por el órgano jurisdiccional y dar una respuesta lógica y coherente a la sociedad y no limitarse a rechazar sin fundamento alguno”. Los camaristas dejaron en claro que la “norma habilita el comiso de los objetos producidos y los objetos con los cuales este se realizó o preparó”.

Con sustento en lo resuelto por la Cámara de Apelación, el 1 de agosto pasado se hizo un nuevo juicio oral que estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Ninfa Giménez Bogarín e integrado por Alba González y Víctor Medina. En dicha audiencia pública, la Fiscalía demostró que con respecto a la estancia “existe el peligro de su uso para la realización de otros hechos antijurídicos”. Sin embargo, los jueces citados más arriba rechazaron el comiso de la estancia pese a que la Cámara ya dijo que la ley habilita el comiso del inmueble, teniendo en cuenta que los miembros del primer tribunal afirmaron que la estancia se usó para actividades ilícitas.

Giménez Bogarín, González y Medina ignoraron lo resaltado en la resolución de la Cámara de Apelación, que enfatizó que la norma habilita el comiso del establecimiento que era usado para el tráfico de cocaína.

Otro aspecto llamativo, según fuentes, la presidenta del Tribunal de Sentencia Nilda Giménez aprovechó la ausencia de las juezas Mesalina Fernández y Gloria Hermosa (con permiso por curso de actualización) e integró el colegiado con otros magistrados.

CAMINO A LA EXTINCIÓN

El fallo dictado por Giménez, González y Medina al igual que la sentencia del primer tribunal allana el camino para la extinción de la causa por la duración máxima del proceso, por lo que se genera sospecha con respecto a la actuación de los magistrados y requiere una intervención de la Corte para despejar las dudas.

El alto tribunal, ante los presuntos negociados en los procesos por tráfico de droga y lavado de dinero, lo que se conoce como la narcojusticia, habilitó una dependencia especial dentro de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para analizar la actuación de los magistrados en los procesos o juicios por cocaína. Hasta ahora, dicha dependencia no informó sobre auditoría hechas, pese a que siempre en los casos de droga, los fallos tanto en primera como en segunda instancia despiertan sospechas.

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