El juez Héctor Capurro cuestionó duramente la labor de la fiscala Victoria Acuña, debido a que se basó en un indicio para imputar y posteriormente acusar, en este caso en el informe de auditoría remitido por la Contraloría, que hablaba de un supuesto perjuicio de G. 2.482.950.000, por la compra realizada en el año 2012, cuando declararon emergencia alimenticia en las regiones Occidental y Oriental.
“En este caso específico se requerían una serie de requisitos y presupuestos fundamentales para llegar a esta certeza o convicción de este monto u otro monto superior o inferior. Una de ellas debió ser una pericia técnica que verifique de acuerdo a las especificaciones técnicas que debieron contener todos los alimentos y productos que debían ser proveídos a estas familias, por lo que no quedó probado en juicio el perjuicio patrimonial causado a la Secretaría de Emergencia Nacional”, refirió Capurro.
La fiscalía había solicitado ocho años de cárcel para Cardozo y cinco años de prisión para Benítez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy