También ha sido acusado por el caso el subcomisario Carlos Donato García, quien habría comandando el operativo por teléfono.
Ante el tribunal de sentencia presidido por Gloria Hermosa e integrado por Alba González y Mesalina Fernández, madre e hija –esta última embarazada– contaron el calvario que vivieron el 7 de octubre del 2013, cuando fueron interceptadas por los agentes. Tras hacerse pasar por asistente fiscal, Arzamendia y los demás exigieron G. 100 millones para no involucrarlas en un caso de tráfico de cocaína. En su desesperación, Virginia retiró G. 30 millones de una cooperativa, entregó G. 4 millones que tenía en su casa, prestó G. 22 millones y transfirió su camioneta (Toyota Noah) a un mecánico indicado por los agentes.