Entre los hechos argumentados como causas para la intervención se encuentra el caso Ivesur, en el que se condenó a la Comuna a pagar 3,5 millones de dólares; el estacionamiento tarifado y la millonaria demanda entablada con el consorcio Parxin; el incendio de la Terminal de Ómnibus de Asunción y del Mercado de Abasto, la construcción irregular de la Bicisenda Iturbe, el negociado de las casillas de la avenida Quinta y el caso de supuesto tráfico de influencias, entre otros.

En el documento se pide la conformación de una comisión de investigación, de manera que las conclusiones a las que se llegue sean remitidas a la Junta y luego también al Congreso para impulsar la intervención.