El pasado 6 de noviembre la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó la suspensión del servicio del consorcio TX en el Sistema de Gestión Tributaria de la Municipalidad de Asunción, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida al respecto. Varios días después, el intendente Mario Ferreiro solicitó al ente de control una rectificación del criterio.

El pedido del jefe comunal a la CGR fue respondido ayer por el contralor Camilo Benítez, quien resolvió ratificarse en su decisión inicial.

El ente reiteró que en la licitación se contempla la figura de una “consultoría”, pero la misma fue registrada en el portal de contrataciones como “Adquisición de un sistema integral de gestión tributaria”, lo que se confunde con las características de una concesión y tercerización. Luego alega que se tendría un perjuicio patrimonial, ya que el 22,75% del incremento en las recaudaciones será entregado como comisión.

Según la Contraloría no se establece de forma clara la relación contractual y cita los artículos 169° y 170º de la Constitución Nacional que dictan que los impuestos y su recaudación corresponden a los municipios y se prohíbe la apropiación de estos. También se encontraron inconsistencias en cinco de los nueve apéndices que posee.

Señala además que de resultar favorable la presentación de la inconstitucionalidad por parte de ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia, la contratación resultaría inoperante.