En noviembre de 2018, la Contraloría recomendó a la municipalidad asuncena rescindir el contrato con EMPO –que gestiona los servicios de Cateura– debido a una serie de irregularidades por parte de esa empresa, denunciada por producción de documentos no auténticos al presentar certificados de cumplimiento tributario falsos para seguir cobrando.

La Municipalidad había anunciado la cancelación del contrato, lo que finalmente no sucedió debido a que la rescisión se trasladó al ámbito del arbitraje porque la compañía afirmaba que contaba con la aprobación de la Junta Municipal para seguir operando.

Luego de más de un año, los resultados del arbitraje aún no fueron comunicados a la Contraloría y EMPO sigue operando en Cateura, por lo que la institución dispuso una fiscalización especial para aclarar qué pasó con la rescisión del contrato que había recomendado.

El director general de Medio Ambiente de la Contraloría, Humberto Franco, explicó que lo que se dispuso es una fiscalización puntual del contrato con EMPO, para determinar si la empresa continúa trabajando mediante decisión arbitral o si es que la Municipalidad hizo caso omiso a la sugerencia de cancelar el contrato y sencillamente no dio seguimiento al caso.