Mario Ortega Añazco, uno de los padres que reconoció que adeuda dos cuotas, criticó la drástica medida de la dirección de la institución, cuando su hijo fue “invitado” a salir de la clase. “Los dejan en el pasillo hasta a aquellos cuyos padres solo deben una cuota para exponerlos a discriminación y bullying”, dijo.
Ortega añadió que la medida fue sin previo aviso. “No hubo ningún comunicado previo a los padres. Siempre pagamos todas las cuotas. Si hay retraso pagamos los intereses. Yo no pude inscribir a mi hijo en un colegio público porque no había lugar, para evitar esta humillación”, agregó.
La Ley N° 5738/16, promulgada el año pasado, prohíbe, entre otras cosas, que las instituciones privadas nieguen el derecho a exámenes parciales o finales, o “establecer otra medida que pudiera afectar el derecho a la permanencia y acceso oportuno a la educación”.
Sin embargo, los directivos de la institución no asumen lo que dicta la ley y hallan en la exposición pública de los niños la única manera de persuadir a los padres de cumplir con sus obligaciones contractuales.
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Sonia Escauriza, directora del Departamento de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación, indicó que hará investigar la situación porque el colegio no puede violar las normativas vigentes. Por su parte, directivos de la institución se llamaron a silencio.