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No contaba con experiencia en la construcción de veredas y pavimento la empresa unipersonal “Elegancia Confecciones”, propiedad de Lilian Sosa, según los documentos. Pero igual la Municipalidad de Asunción le otorgó en diciembre último la construcción de una bicisenda de 2,40 metros de ancho, sobre la calle Iturbe, desde su unión con la avenida Novena Proyectada hasta Estrella.
El mismo mes, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), consiguió ejecutar obras para el Instituto de Previsión Social (IPS), por G. 760 millones. El contrato era para refaccionar edificios. La otra obra fue una adjudicación directa de la Comuna capitalina para el “servicio de impermeabilización de reservorios, juntas de dilatación, azotea, etc., por G. 150 millones. El tercer contrato para obra otorgado por licitación fue la bicisenda, cuya construcción comenzó hace dos semanas. Sobre este proyecto debemos señalar que los residentes del área lo rechazan porque aseguran que “elevará el impuesto y restará espacio para estacionar”.
Sosa, que nunca consiguió con las entidades públicas contratos que superen los G. 200 millones antes de 2017, está casada con el Ing. Enrique Chamorro Zárate, un dirigente del Partido Colorado del B° Jara y exfuncionario de la Essap.
El político facturó al Estado entre 2008 y 2009 alrededor de G. 4.000 millones. Varios de los contratos incumplió, por lo fue sancionado tres veces por la DNCP (2008, 2010 y 2011).
Entre 2014 y 2015 consiguió sortear la Ley 2051/03 de la mano de Justo Cárdenas, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Este le otorgó varios contratos a través de su testaferro, Blas Cano (Kuarahy Ingeniería), para perforar pozos en zonas rurales. El dinero estatal para financiar los pozos, que no llegaron a funcionar, administraba la ONG “Al amigo una mano”.