Según la denuncia de las estudiantes Jacqueline Beck y Leticia Batista Lacerda, la docente –en su carácter de abogada– se ofreció a “gestionar” a los extranjeros sus documentos de radicación para que pudieran matricularse en la universidad. Las brasileñas exhibieron recibos de pago por las gestiones que iban entre G. 2 millones y G. 3 millones cada uno. Sin embargo, a casi un año, los trámites nunca se iniciaron, explicaron.

La letrada alega que ella inició los trámites para la radicación de 70 estudiantes brasileños. “Todo iba bien pero acá la culpable es la universidad que cuando se enteraron del caso, arbitrariamente impusieron una multa de G. 310.000 a cada estudiante que no presente a tiempo su documento. Eso ni siquiera figura en los reglamentos de la UMAX”, denunció Benítez.

Agregó que la vicerrectora de la universidad, Gloria Martínez, mintió al decir que me despidieron de la UMAX. “Yo presenté mi renuncia cuando hubo conflicto con los estudiantes. Además mienten al decir que no tenían conocimiento de que yo le llevaba el caso de los brasileños”, disparó.

“Les devolví el dinero ya a los 50 estudiantes de los 70 que me pagaron. Tuve que hacer préstamos para cumplir con ellos a pesar de que yo les inicié ya el trámite, pero eso no es rápido. Todo eso tuvo su costo de G. 1 millón”, enfatizó.