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En primera vuelta, la mayoría de los diputados señalaron que deben percibir el 70%, y cuando se trate en segunda vuelta esta propuesta legislativa necesitarán 41 votos de un total de 80 para sancionarse la iniciativa. De lo contrario, triunfará la postura ratificada por los senadores, de que al servicio doméstico se le pague el total del salario mínimo legal, que es de G. 2.112.562, con lo cual se modificará solamente el Art. 10 de la Ley del Trabajo Doméstico N° 5407/15.
Es de recordar que el Art. 6 vigente de la misma ley (que no está en discusión) señala que “se podrá convenir la remuneración por hora, por día, por semana o por mes”.
Desde tempranas horas de la mañana de ayer, las trabajadoras domésticas se apostaron frente al Parlamento, para seguir de cerca el orden del día. Los gremios del sector solicitaron la ratificación de la versión de los senadores, que finalmente ocurrió.
Algunos de los argumentos esgrimidos por las nucleaciones de empleadas domésticas para pedir la equiparación de sus salarios al mínimo legal establecido es que de las más de 252.000 personas que se dedican al empleo doméstico, más del 90 por ciento son mujeres. Y que de tres de cada 10 trabajadoras domésticas son jefas de hogar, es decir, con su trabajo sustenta a toda su familia.
Asimismo, que las personas que trabajan en el régimen de “cama adentro” pueden ahorrar en alquiler, pero pierden todo derecho sobre sus relaciones personales. La libertad incluso para disponer del descanso a la hora que quieren, señalaron.
Discriminación
“Nos discriminan porque tenemos poco estudio. Nos dicen: ¿por qué tienen que ganar salario mínimo si no tienen estudios? Sin embargo, la ley de salario mínimo no se calcula de acuerdo a la formación o los años de estudios. Se calcula de acuerdo a una canasta básica para una familia”, resaltó Librada Maciel, del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa.
El ingreso promedio mensual de la población ocupada asciende a un poco más de dos millones trescientos mil guaraníes.
Temen tratos “en negro” o despidos
El servicio doméstico no constituye solo un privilegio ostentoso de las clases pudientes, sino también una necesidad para familias de trabajadores de clases medias y bajas, que no tienen opción, pues alguien debe quedar cuidando a sus hijos.
Por eso es que muchas personas encuadradas en estos estratos sociales ven con preocupación que deban verse obligadas a pagar a su personal doméstico un salario mínimo, que puede significar un poco más o menos, que la mitad del ingreso de la familia.
El salario mínimo legal vigente es de G. 2.112.562. Se teme que esta situación derive en el cese de la relación laboral en varios casos, o en acuerdos en “negro” por cifras menores a las que impondría la ley.