Señala Ramón Corvalán, del equipo de educación e investigación del Serpaj, que “independientemente de quién esté al frente del MEC, cuesta modificar esas viejas realidades que forman parte del núcleo básico del derecho a la educación (acceso y permanencia en el sistema)”.
Ramón Corvalán pone en contexto este nuevo impulso, sobre el interés del sector privado en incidir en la política educativa, que no es solo una realidad local. “Existe actualmente todo un movimiento articulado, entre corporaciones, agencias de cooperación internacional, universidades, bloques regionales y oenegés, que apunta al fortalecimiento de la alianza público-privada para la gestión, en este caso, de políticas públicas en el campo de la educación.
Esto abre el tema del debate a nivel local acerca de lo que implica una política pública en educación que supone generar condiciones para garantizar el disfrute de un derecho. Y esto en un contexto donde se están redefiniendo nociones como Estado, nación, autonomía, soberanía, los que en nuestro país aún no son tematizados en su relación con los diseños pedagógicos y curriculares”, indicó Corvalán.
En los informes, tanto del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe como de la Encuesta Permanente de Hogares, resaltan la deplorable situación de Paraguay en cuanto a acceso y permanencia en el sistema educativo.
La educación no es un derecho en la realidad
“Si la educación fuese un derecho, hubiese sido diferente todo”, había dicho Marta Almada, del Serpaj. Y expresaba preocupación sobre el hecho de que no existe un grupo pensante que impulse el tema de tal manera que ocupe un lugar de médula central de la política porque, al fin de cuentas, no conviene hacerlo.
“Y no conviene, porque ahora mismo, del modo en que funciona, sirve como transmisora de las intencionalidades del gobierno de turno”. El modelo de educación es transmisor de ideas y conocimientos que no promoverán participación real de jóvenes y niños para un ensayo a una ciudadanía comprometida y activa”.