Se trata de Alba Regina Urizar Valiente, quien se desempeñaba en el edificio de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS como jefa de aportes. Fue despedida de la institución por decisión del Consejo Administrativo al detectarse que la misma habría realizado operaciones fraudulentas a través del sistema informático.
El director de AOP, Pedro Cano, explicó que la funcionaria influía indebidamente sobre procesamientos de datos y programas, mediante rectificaciones de movimientos laborales, en la relación existente entre el empleado y empleador, causando un perjuicio patrimonial a la previsional.
Ella fue sumariada junto con otras dos funcionarias, Josefina Escobar Delgado y Carla Florentín Diarte.
Tanto Escobar Delgado como Urizar Valiente recurrieron al Tribunal de Cuentas y fueron reintegradas al IPS al principio de este año, por encima de la decisión del Consejo Administrativo. La sala estaba integrada por Rodrigo Escobar, Alejandro Martín Ávalos y Mario Maidana Griffith.
La decisión del Tribunal de Cuentas no solo obligó al IPS a reintegrar a las dos mujeres como funcionarias, sino que a pagarles sus salarios caídos.
Cano informó que la institución debió pagar a Urizar cerca de 50 millones de guaraníes, teniendo en cuenta que su salario como encargada de jefatura ronda los G. 8 millones. Las otras funcionarias tenían un suelo que rondaba los 2 millones de guaraníes.
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Por su parte, el director jurídico del IPS, Enrique Galeano, informó que a raíz de la imputación radicada la semana pasada, presentarán una apelación a la decisión del Tribunal para despedir nuevamente a las funcionarias. “La decisión del Tribunal fue cuando la investigación estaba en curso, no nos quedó opción que cumplir la orden judicial”, expresó Galeano.
Investigación
El fiscal Anticorrupción, René Fernández, había informado que las tres imputadas “las funcionarias desempeñaban funciones en la Sección de Liquidación y emisiones de planillas y extractos. Influían indebidamente sobre procesamientos de datos y programas, mediante rectificaciones de cotizaciones que eran primeramente declaradas por el empleador en relación a sus trabajadores, sueldos, días de trabajo, cuestiones judiciales, despidos, reposo, maternidad, suspensión, renuncia, es decir, los movimientos laborales. Con esto causaban un perjuicio patrimonial al IPS”, dijo.
En números, la fiscalía traduce que el perjuicio causado por Escobar asciende a G. 264.461.881. En el caso de Florentín la fiscalía estima el perjuicio en G. 78.124.295.
Sobre Urizar, la imputación menciona que el perjuicio causado fue de G. 495.033.463.