Las irregularidades continúan pese a la intervención y auditorías que se realizaron el año pasado en varios juzgados, con las que se detectaron anomalías en el proceso de aprobar juicios ejecutivos por cobro de pagarés que permitieron embargar salarios de muchos docentes.
En el Juzgado de Paz multifueros del segundo turno del distrito de Santísima Trinidad, cuyo juez es Alcides Peña Yegros, aprobaron la solicitud de juicios ejecutivos para cobro de pagarés en contra de docentes a pedido de la abogada Marta Manzoni, que introdujo las demandas por derecho propio. Es decir, presentó pagarés a título personal, con sospecha de ser fraudulentos, y exigió el pago a través del embargo.
Varios educadores realizaron esta denuncia y explicaron que les están duplicando las deudas que asumieron originalmente.
Según los maestros, tras solicitar la investigación se detectó que el vendedor Ariel Sánchez, de la empresa Insur SA (propiedad de Édgar Otazo), ofrecía sus electrodomésticos o préstamos de dinero, y una vez que el docente accedía le hacía firmar la autorización de descuento con dos pagarés. Luego la pesquisa descubrió que el segundo pagaré no formaba parte de la documentación de Insur.
Así el vendedor le entregaba el segundo pagaré a la abogada Manzoni para que ella lo ejecute y se proceda al embargo. Por su parte, el ujier notificador del juzgado en cuestión, en su informe que dio lugar a los embargos en este caso, dijo que entregó cédulas de notificación (una documentación que sirve para que el demandado pueda ejercer su derecho a la defensa) en la ventanilla de Talento Humano del MEC, sin firma de recepción.
Ese procedimiento no es válido porque el Ministerio de Educación tiene prohibido recibir cédulas de notificación ya que esa sede no es el domicilio legal de los docentes demandados. Esta práctica continúa en los juzgados, sin objeción alguna.
Intentamos contar con la versión del juez Peña por vía telefónica, pero no obtuvimos respuesta pese a que visualizó todas las consultas en su línea de WhatsApp.
Hacienda y el aguinaldo
La fiscala Teresa Sosa envió al ministro de Hacienda, Santiago Peña, una nota en la que solicita se proteja el aguinaldo de los docentes, a través de una resolución, para que la cartera deje de poner el dinero de los maestros en los bancos de plaza como simples depósitos en contravención a disposiciones legales de protección al salario, y le dé la denominación salarial, especificando bonificaciones, viáticos y aguinaldos, que son inembargables.
“Estamos a tiempo de proteger el aguinaldo de los docentes porque actualmente todo se embarga. Si Hacienda le da la categoría de salario a los depósitos que hace ya no se embargará lo que está prohibido por ley”, dijo Sosa.
Además en la nota señala que existe evasión fiscal por parte de varios comercios que operan con los maestros a través de asociaciones de educadores, ya que no presentan factura legal. La mayoría trabaja en negro.
leticia.barrios@abc.com.py