Los nativos, 100 personas aproximadamente, amanecieron al costado del Ferrocarril, luego se reunieron en la Plaza Uruguaya y posteriormente marcharon hasta el local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para reclamar la mediación del ente en la recuperación de la propiedad.
Zunilda Cáceres explicó que hace 22 años están en la propiedad unas 40 familias que totalizan más de 120 personas. Esa fue la razón por la que en 1999 el Estado, a través del Indi, adquiriera el inmueble.
Explicó que nunca tuvieron problemas hasta que apareció el brasileño Paulo Ferreira de Souza, quien con otro documento, logró convencer al juez Carlos Goiburú para el desalojo de las 600 hectáreas ubicadas en el distrito de Ygatimí, departamento de Canindeyú.
Cáceres mencionó que otra parte de la comunidad se quedó en Ygatimí, donde realizarán cortes periódicos de rutas, hasta que las autoridades les devuelvan la posesión del inmueble.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según la cacique, esta propiedad fue adquirida porque estaba ocupada por los nativos. Allí construyeron sus casas, la escuela y el dispensario de salud, que fueron derrumbados durante el desalojo ordenado por Goiburú. Adelantó que esa fue la razón por la que llegaron a la capital, donde piensan permanecer hasta que las autoridades les hagan caso.
Los nativos piden la mensura del inmueble por parte del Estado y luego la transferencia a nombre de los mismos. “Porque nunca fueron transferidas las tierras tienen hoy un grave problema”, apuntó.
Ayer redactaron una nota que presentarán hoy a la Corte Suprema de Justicia en la que pedirán la revisión del desalojo, pero al mismo tiempo reclamarán la indemnización correspondiente por las innumerables pérdidas que tuvieron.
Otros nativos indicaron que la ley de frontera establece que en una franja de 40 kilómetros los extranjeros no pueden tener grandes extensiones y en este caso la propiedad está a 15 kilómetros del Brasil, otro factor a favor de los mismos.