Integrantes del Frente Contra la Corrupción y la Impunidad de San Lorenzo, entre ellos Melitón Bittar, Víctor Rodríguez, Alba Invernizzi y María Luisa Brunelli, señalan en un comunicado que el intendente Ferrer se salvó de ir a la cárcel al admitir que cometió el delito, beneficiándose con una “suspensión condicional del procedimiento”.
Las condiciones eran que Ferrer y el arrendatario del matadero, Miguel María Ortiz Recalde, cumplieran con varias acciones. Entre ellas, destinar el predio del establecimiento para fines comunitarios, lo cual hasta ahora no cumplieron.
Imputados o multados, Ferrer y Ortiz fueron buscando medios para volver a explotar el matadero, a pesar de que la Secretaría del Ambiente (Seam) dice en su resolución 2458 “que las condiciones de emplazamiento del matadero y los componentes ambientales no son adecuados para las actividades de faena de animales vacunos”.
Para lograr el funcionamiento, contaron con la ayuda de la magistrada Blanca Rojas de Brítez, “quien simuló varios hechos”, resalta el escrito del Frente.
Para facilitar la apertura del establecimiento, el contrato de locación fue cedido a Patricia Arce Presentado, previa aceptación del intendente Ferrer en carácter de sublocataria.
Esta sublocataria demanda por incumplimiento de contrato a la Municipalidad de San Lorenzo y pide como medida cautelar la habilitación provisoria del matadero para su explotación comercial, medida que fue concedida por la jueza Rojas de Brítez, por providencia del 10 de noviembre de 2011.
La citada magistrada contraría la resolución judicial N° 631, del 16 de junio de 2010, de la jueza Liza Battilana.
“¿Cómo funciona el matadero de San Lorenzo sin licencia ambiental? ¿Cómo una medida provisoria se hace eterna? ¿Cómo se alquila un valioso predio por G. 6.000.000? ¿Cómo se suspende un proceso penal sin cumplir las condiciones de la suspensión?”, se pregunta el Frente Contra la Corrupción y la Impunidad de San Lorenzo en su comunicado.