El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, que está integrado por las organizaciones y redes de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia más importantes de la región, se reunió en Panamá el 7 y 8 de mayo para abogar por esta causa junto con representantes del Comité de Derechos del Niño, la Oficina de la Representante Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños y la Relatoría sobre los Derechos de la Infancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) permite a los niños, los adolescentes o sus representantes denunciar violaciones de sus derechos por parte del Estado y llevar una comunicación o queja ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, siempre y cuando el Estado haya ratificado el tratado y se convierta en derecho internacional.

“El Tercer Protocolo, si bien es un mecanismo cuasi judicial, adquiere legitimidad al ser aprobado y ratificado por los Estados, que reconocen así las funciones del Comité de Derechos del niño y su obligación de tener en cuenta sus decisiones. Cubrirá un vacío de protección, ya que la Convención de Derechos del Niño era el único tratado internacional de DD.HH. sin un procedimiento de comunicaciones que garantiza su exigibilidad. Es impensable hablar de derechos humanos sin la posibilidad de ser exigidos”, expresó Rosa María Ortiz, de la Relatoría de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH).

Datos del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños muestran que la región tiene la tasa de homicidios más alta entre adolescentes de 15 a 17 años, con una media de 22,3 homicidios (37,7 niños y 6,5 niñas) por cada 100.000 habitantes.