Las mujeres, que portaban pancartas en las que pedían “una infancia sin violencia”, exigieron por el centro de la capital paraguaya que las sanciones contra el abuso sexual a menores sean “más severas”.
Las manifestantes también recogieron firmas para elevar su petición al Congreso paraguayo y lograr una modificación de la actual legislación, que establece una pena mínima de tres años para los autores de este tipo de delitos.
“Lo que queremos es que la pena mínima ascienda a 10 años y la máxima a 25 años, para que el abuso sexual a menores deje de ser considerado un delito (simple) y pase a catalogarse como un crimen”, dijo a EFE Natalia Ocampos, abogada y una de las representantes de las manifestantes.
Según Ocampos, las sanciones por violaciones y abusos a menores en la actualidad pueden ser conmutadas por multas, fianzas u otras penas alternativas a la prisión, lo que conlleva un riesgo de que los agresores queden en libertad –con facilidad– y reincidan.
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“Queremos que la pena se endurezca, especialmente en casos donde concurran agravantes, como por ejemplo la relación de parentesco entre víctima y agresor, la edad de la víctima y la presencia de coito”, expuso.
Sin embargo, descartó que por el momento sea viable aplicar en Paraguay sanciones como la castración química o quirúrgica a los violadores, que se utiliza en otros países para casos similares.
Aseguró, además, que “las madres juegan un papel fundamental en la prevención de los abusos”, y que deben formarse para ofrecer a sus hijos educación sexual para que puedan identificar los abusos y protegerse ante ellos.
La manifestación se produjo mientras en Paraguay salen a la luz nuevos casos de abusos sexuales a menores, después de que se haya hecho público en las últimas semanas el caso de una niña de 10 años embarazada de unos cinco meses, presuntamente como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro, que ingresó este lunes en prisión.
A dicho caso se sumó el de otra niña de 13 años, embarazada también de cerca de cinco meses como resultado de una presunta violación (en la ciudad de Mariano Roque Alonso, vecina de Asunción). También se supo de otro caso ocurrido en el sureño departamento de Itapúa.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció ayer a Paraguay por “no cumplir con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia” en el caso de la niña embarazada de 10 años. En una primera denuncia un agente fiscal desestimó el caso, el cual en estos momentos está bajo sumario.
Según las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año en el Paraguay, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de adolescentes de 15 a 19 años.