Actualmente, los pacientes del Instituto del Cáncer siguen su tratamiento de radioterapia en la clínica privada Terapeutix, dirigida por el Dr. Rubén Estigarribia, sobre la avenida Venezuela. Son más de 100 los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer cuyas sesiones de radioterapia se vieron interrumpidas, debido a que no funciona el único equipo para el efecto, que constantemente sufre averías por la sobrecarga en su uso. Por cada sesión, el Estado paga G. 215.000, que provienen del Fondo de Gastos de Urgencias del Ministerio de Salud.
Pero además existe otro problema. Está paralizada la construcción del búnker necesario para bloquear la radiación de un segundo equipo de aceleración lineal. El mismo ya fue adquirido, pero no entra en funcionamiento.
Tras un largo suspiro, el ministro Barrios dijo que se están viendo dos alternativas: una es el cambio del sitio del aparato a un área en la que se iniciarán pequeñas refacciones; y la otra es aceptar la propuesta de los representantes de la empresa WES (del Ing. William Édgar Stanley).
“Ellos pidieron que no se rescinda el contrato y estamos evaluando. Vamos a cambiar las condiciones y si aceptan deberán terminar en cuatro meses, pues llamar de nuevo a licitación va a llevar mucho tiempo”, apuntó.
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El aparato debió ser instalado ya en el 2013, pero esto no se cumplió, debido a que la construcción del espacio físico para instalarlo se adjudicó solo en el año 2014.
Contrato a quien no cumplió
CAPIATÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal). El Ministerio de Salud Pública contrató a la empresa WES, del Ing. Williams Édgar Stanley, para la construcción del búnker para el Instituto Nacional del Cáncer, a pesar de sus antecedentes de incumplimiento de contratos. Lo último fue la no culminación del edificio que debe albergar al acelerador lineal, lo que deja sin tratamiento de radioterapia a 3.000 pacientes y pone en jaque la salud de los enfermos que siguen tratamiento en el INC.
De acuerdo a la denuncia del director del INC, Dr. Julio Rolón, hace un mes que las obras fueron abandonadas, con una ejecución del 18 por ciento. Esto a pesar de que el responsable recibió como adelanto G. 500 millones de un total de G. 1.000 millones, por lo que el MSP y BS ejecutará la póliza de seguro, que no devuelve a los enfermos el tiempo perdido en su tratamiento.
De acuerdo a los antecedentes publicados en medios de prensa, Williams Édgar Stanley García y María Estela Spezini de Stanley cobraron en octubre de 2013 G. 866 millones al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) por una obra donde no pusieron ni un ladrillo. El monto correspondía al 30 por ciento del total de G. 2.888 millones adjudicados.
La pareja fue haciéndose de más dinero del erario público, de acuerdo a las publicaciones periodísticas. Es así que en octubre de 2014, el Fondo Ganadero otorgó al Ing. Stanley García y su señora más de G. 2.000 millones, correspondientes a tres créditos emitidos en un mismo día. Supuestamente fue para obras de mejoras y compra de animales para una finca de más de 3.800 hectáreas, ubicada en la zona de Mariscal Estigarribia, Chaco.
Lo que el ente financiero estatal no tuvo en cuenta, llamativamente, es que los citados estaban en pleno proceso judicial desde setiembre del 2014, por una demanda del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), por más de G. 866 millones.