La comisión interventora de la carrera de Derecho de la FCJD detectó que al menos 80 egresados por año aparecen involucrados en la compra venta de calificaciones, ocurridas en 2012 y 2013, principalmente.
Esta cifra representa algo más de la mitad de los egresados de la carrera de Derecho por cada promoción, que por lo general suman unos 150.
Los datos saltaron cuando la comisión interventora revisó las actas de calificaciones de los periodos 2012 y 2013.
La nómina de los egresados vinculados con la compra de notas así como la de los funcionarios responsables en la modificación de las actas ya pasaron a manos de los fiscales de la unidad penal Susy Riquelme, Alberto González y Teresa Sosa Laconich, quienes en el procedimiento están llamando a declaraciones indagatorias, y ya han imputado al menos a 13 estudiantes y dos funcionarios (nombres en el recuadro).
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Los casos del 2014
Las actas del 2014 fueron revisadas inicialmente por un caso detectado en marzo y conforme con un sumario ordenado por el decano de la Facultad de Derecho, José María Cabral, que sirvió de pie para la intervención iniciada el 10 de abril.
Tras las primeras investigaciones, surgieron varios casos de estudiantes que pagaron por lograr buenas calificaciones, en complicidad con funcionarios de la secretaría de la carrera. Las modificaciones de actas se extendieron a al menos 40 materias, según los interventores.
La comisión interventora designada por el Rectorado de la Universidad Católica (UC) es presidida por el exrector y actual asesor del Consejo de Gobierno de la institución, doctor Antonio Tellechea Solís, e integrada por los abogados Gabriel Benítez Colnago, Fabián Ayala Molinas y Francisco Aseretto, todos ellos docentes de la carrera de Derecho.
La intervención inicial fue por tres meses. Debió culminar el 10 de julio pasado, pero se extendió por otros tres meses más para realizar las revisiones de las actas de los años 2009, 2010 y 2011.
G. 800.000 por nota “3”
De las declaraciones de los estudiantes surgió que el “modus operandi” consistía en la oferta directa que hacían ciertos funcionarios a los que tenían bajas notas o que no se han presentado a rendir.
La oferta promedio era de G. 800.000 por una calificación 3. Si uno deseaba una nota 4 o 5, debía pagar hasta G. 1.200.000.
Actualmente, hay 30 estudiantes que son objeto de investigación y algunos de ellos llamados a declaración por haber logrado calificaciones en materias que no rindieron o en las que obtuvieron bajas notas.
Fuentes del Ministerio Público informaron que hubo coincidencias en las declaraciones de alumnos, de que los funcionarios que formaban parte de la “rosca” hacían la “oferta”, y prometían que nada iba a pasar porque manejaban las actas.
Las testificales coinciden en que el funcionario (hoy renunciante) Víctor Oviedo se encargaba de controlar la entrega y devolución de actas de exámenes, y que él recibía los pagos de los estudiantes a través de “Giros Tigo”. Oviedo lo negó, pero la fiscalía lo comprobó en la empresa de telefonía.
Los 15 imputados a la fecha
Los 15 imputados por la fiscalía por lo ocurrido en Derecho de la Universidad Católica se dividen entre funcionarios de la secretaría y estudiantes.
Funcionarios: Víctor David Oviedo Arce (renunció) y Eduardo Ariel Barrios Villalba (destituido).
Estudiantes: Lourdes Nathalia Agüero Zelaya, Joaquín Agüero Colmán, Patricia Marlene Aguirre, Christian Raúl Brítez, Claudia Romina Carrera Romero, Nadia Soledad Ortiz, Rubén Enrique Escurra, Emhil Morel Achón, Rodrigo Adrián Segovia, Samantha Pauline Zaldívar, Nadia Siemens Chamorro y Mirta Raquel Torres Pérez.