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De paso, el clan Zacarías Irún está apretando las teclas en la Junta Municipal de Ciudad del Este para lograr que se acepte la renuncia de Sandra McLeod, antes del 18 de diciembre, a fin de que se convoque a nuevas elecciones para los primeros meses de 2019.
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Cuentan los que saben que la intendenta McLeod dejó un caos administrativo, con deudas, reincorporaciones de funcionarios, etc.
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El clan político familiar quiere dar la imagen que sin su presencia es ingobernable la Municipalidad de Ciudad del Este. Algo parecido a “después de mí, el diluvio”.
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Esta mañana se reúne la Junta Municipal del Este y algunos concejales llamativamente están dudando de sus posturas iniciales. Parece que están repen$ando sobre el futuro...
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Los diputados siguen reuniendo votos para intentar el juicio político a los tres principales miembros del TSJE: Bestard (ANR, cartista), Ramírez Zamboronbombom (PLRA) y Wapenka (PRF).
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Los colorados y liberales están dudando porque quieren un “arreglo político” previo mientras el Frente Gua’u reclama el tercer espacio, así como lo hace seguramente Patria Querida.
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Luego de un año, hoy recién va a declarar el imputado abogado Carmelo Caballero por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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No olvidemos que Carmelo y su cuate Fernández Lippmann se burlaban de la justicia, de jueces y fiscales. Se autoalababan. “Sos un genio”, le decía Fernández L., exsecretario de González Daher, a Caballero.
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Incluso Carmelo se jactaba de hablar con José Ortiz en un yate y acordaban imputaciones. Un asco.
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La ciudadanía no debe perder de vista que en el Congreso se están aprobando millonarios montos en dólares para suba de salario sin fuente de financiamiento.
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En materia de cuentas públicas, no hay Dios se lo pague. Todo tiene que estar cubierto con fondos. Esta gente por poco no juegan a la timba. Total los diputados y senadores están forrados con varios beneficios a diferencia de los “comunachos”, como dice el imputado Carlos Portillo (PLRA).
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En vez de discutir tonterías, los legisladores deberían estudiar un proyecto de ley que prohíba aprobar aumentos sin fuentes de financiamiento.
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Parece un chiste pero no lo es: el destituido ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco (PLRA) quiere volver. Presentó una acción de inconstitucionalidad de casi 100 páginas. ¿Qué cosas habrá dejado pendientes?