Contrataciones Públicas ordenó anular la adjudicación.
El derroche y despilfarro en el Instituto de Previsión Social (IPS) no solo se dan en el clientelismo político con la creación de nuevos cargos para aumentar la ya superpoblada estructura administrativa con 16.000 funcionarios, sino que también a través de los negociados en las licitaciones para la compra de bienes y servicios.
Existen numerosos y grandes casos de licitaciones amañadas, sobrefacturaciones escandalosas y otros hechos de corrupción denunciados en la previsional, pero que curiosamente los responsables nunca son sancionados y las irregularidades continúan vigentes.
Hasta en una bata
Para muestra se puede mencionar un caso reciente en el instituto. En fecha 23 de octubre de 2014 el Consejo de Administración del IPS (con 31 asesores pagados por los aportantes) aprobó, a instancias de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), cuya directora es la Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio, la adjudicación de la Licitación N° 94/14 para la adquisición de batas y paquetes quirúrgicos a la firma Prosalud Farma SA (de Juan Domingo Rienzi) por valor de casi G. 5.000 millones.
Para el efecto se había descalificado antes a la empresa Catéteres y Afines SA, que había presentado una oferta G. 500 millones más barata que la adjudicada.
Los motivos de la descalificación fueron la “no presentación de muestras” de las batas quirúrgicas.
Hasta allí todo bien, salvo por el detalle de que el pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación en ningún lado señala que se deben presentar muestras de los productos ofertados.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tomó cartas en el asunto y, en fecha 4 de diciembre de 2014, dicta la Resolución N° 3531/14 por el cual resuelve anular la adjudicación de dos ítems a la firma Prosalud Farma SA y retrotraer todo el proceso a la etapa de evaluación de ofertas.
“Esta Dirección Nacional denota que el actuar de la entidad convocante, IPS, no se encuentra acorde a lo establecido en el PBC, en razón de que el Comité Evaluador procedió a la descalificación de la oferta de la firma protestante por la falta de presentación de las muestras, no siendo este un requisito establecido en el PBC”, señala claramente la resolución de Contrataciones Públicas.
Añade además que, “como bien sabemos, los únicos criterios aplicables al momento de la evaluación de las ofertas son los establecidos claramente en el Pliego de Bases y Condiciones, no pudiendo la convocante realizar una interpretación extensiva de los mismos con el objeto de descalificar a las firmas oferentes”.
Esto demuestra fehacientemente que los encargados de la licitación “inventaron un requisito” inexistente en el PBC para dejar fuera a la oferta más baja.
Cabe mencionar que, aun así, el IPS apeló la referida resolución, a lo cual Contrataciones Públicas le respondió nuevamente con el rechazo de la apelación en otra resolución del pasado 26 de enero, reafirmándose en su dictamen anterior.
Esta es apenas una de las innumerables pruebas de cómo el dinero de los aportantes del IPS es dilapidado dentro de la previsional, administrada políticamente.