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CORONEL OVIEDO (Carmen Colmán, de nuestra redacción regional). La resolución fue tomada durante una sesión extraordinaria convocada por el rector Hugo Giménez en la mañana de ayer. El nuevo rector refirió que integrarán el equipo de intervención todos los auditores de las diferentes unidades académicas, el asesor jurídico del Rectorado Fabio Santos, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Arzamendia; el representante estudiantil de la Facultad de Producción, Nelson Vera, y estarán acompañados por 11 universitarios representantes de las diversas filiales.
En la tarde de ayer se procedió a cambiar las cerraduras y a lacrar las oficinas administrativas con el acompañamiento de una comitiva fiscal, encabezada por el abogado César Sanabria, asistente fiscal de la unidad número 1, a cargo de Alfirio González.
La intervención se iniciará el próximo lunes, ya que hoy culmina la auditoría que se realiza desde hace una semana a la administración del exrector Pablo Martínez, quien fue denunciado por varias irregularidades, y presentó su renuncia tras la presión de los universitarios.
Fue designado para encabezar la intervención el Dr. Ulises Villasanti, vicerrector de la Unca, quien estará a cargo de la firma de los cheques para el pago a funcionarios y otros trámites administrativos.
Denuncias graves
La máxima autoridad de la casa de estudios, Hugo Giménez, refirió que la decisión se debe a las múltiples denuncias que realizaron los alumnos, entre ellas la no expedición de documentos como recibos de pago, falta de malla curricular en algunas carreras, entre otras.
Agregó que de común acuerdo con el estudiantado se decidió que las clases serán desarrolladas normalmente mientras dure la intervención. Hace más de dos semanas comenzó un paro académico.
Paralelamente, continúan las investigaciones del Ministerio Público iniciadas tras las denuncias realizadas por estudiantes de las filiales de Choré, San Juan Nepomuceno y Juan Manuel Frutos, que presentaron denuncia formal por la comisión de hechos punibles como lesión de confianza y otros, que ya derivaron en el allanamiento de las oficinas administrativas.