Dicen los académicos de la lengua guaraní, que el nombre elegido es por el apoyo moral, bajo la metáfora de dar de comer o alimentar al otro. Una especie de complicidad con lo expuesto o actuado.
Esa complicidad con el mongaru tuvo su peor y literal ejemplo esta semana, cuando el diputado Carlos Portillo respondía sonriente con ese gesto a uno de sus colegas, tras ser salvado políticamente con el rechazo de su pérdida de investidura.
Aprovechando el escándalo por el bochorno que generó la huida de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán de Uruguay a Finlandia, los diputados colorados y varios liberales concretaron un pacto de impunidad política para salvar a sus colegas colorados Tomás Rivas y Ulises Quintana; y al liberal Carlos Portillo.
Para no perder la perspectiva. La pérdida de investidura es un castigo político que está establecido por la propia Constitución Nacional y que contempla como una de sus dos razones, el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.
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Y para refrescar la memoria vayamos a los hechos.
En mayo del año pasado, el diputado Tomás Rivas fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados con méritos y servicios de contenido falso.
Tres empleados particulares de Rivas figuraban y cobraban como empleados del Estado en la cámara de Diputados. Los tres ya fueron procesados y acusados, pero el diputado Rivas aún no, porque paralizó durante varios meses su pedido de desafuero con chicanas judiciales.
La investigación de la fiscalía fue más allá y certificó que todas las planillas de asistencia de los tres empleados de Rivas fueron firmadas de una sola vez. ¿Quién tenía las planillas de asistencia de los tres empleados de Rivas? El propio diputado Rivas, según lo confirmó el director de recursos humanos de la cámara baja.
En noviembre de 2017 se denunció públicamente al diputado Carlos Portillo a través de la grabación de una conversación en la que ofrecía conseguir una sentencia judicial a cambio de 3 mil dólares. Un diputado gestor de sentencias judiciales y una investigación fiscal que recogió todos los elementos del caso para formular acusación y pedir juicio oral y público para el parlamentario.
“Está todo limpio eso o hay que maquillar?” le decía telefónicamente el diputado Ulises Quintana a Reinaldo “Cucho” Cabaña, cuando este lo llamó para pedirle que interceda ante la policía para liberar miles de dólares encontrados en poder de un secretario suyo.
Valiéndose de su condición el diputado llamó luego a la policía para preguntar por el hombre que había caído en una barrera de control con esa cantidad de dinero que no podía justificar.
Quintana alega que no pidió que liberen al secretario de Cabaña, de quien dice ser amigo desde hace poco tiempo, asegurando que este solo le prestó una camioneta de 40 mil dólares con opción de compra y que también le prestó otra camioneta igual de costosa para su campaña electoral.
Para la fiscalía hay suficientes elementos para demostrar que el diputado es responsable de asociación criminal y lavado de dinero, por lo que lo incluyó en su acusación y pedido de juicio.
Son los tres casos de los salvados políticamente por sus colegas con ese mongaru de impunidad, de quienes se esconden en el corporativismo para especular con la amnesia, apatía y desmovilización social.
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