El punto es que en un pequeño municipio itapuense, de no más de 7.000 habitantes, San Cosme y Damián, se dictó la Ordenanza Municipal Nº 02/2019, mediante la cual se “reclama y exige” a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y “requiere” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que vía decreto ordene a los administradores de la EBY que todos los contratos de prestación de servicios actualmente tercerizados sean canalizados a través de la Municipalidad.
Este dinero, se habla de unos G. 6.000 millones anuales, sería destinado a la creación de 1.000 puestos de trabajo en servicios generales, contratados por el municipio, y bajo supervisión de la Contraloría General de la República (CGR).
Presumo que los mandamases en la EBY se deben estar meando de la risa ante tamaña pretensión de un casi ignoto municipio opositor, que por ordenanza busca echar el guante a uno de sus esquemas mejor montados para la tragada legal de dinero público. Los famosos contratos de servicios, popularmente conocidos como “OC” u “órdenes de compra”.
Por lo general los contratistas son meros intermediarios en prestaciones como desmalezamiento y limpieza de veredas, de cauces hídricos, etc., que a su vez sub-contratan operarios a quienes pagan míseramente por realizar la tarea.
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De antaño en la EBY se utiliza esta argucia para justificar la repartija de plata a operadores políticos y recaudar para la “corona”. La pretensión de la administración municipal apunta al corazón mismo de uno de sus esquemas de corrupción por lo que la ordenanza difícilmente alguien le dé curso. Aunque soñar un país mejor, no cuesta nada.