Silva e Luna hizo una llamativa declaración (hace un par de semanas) durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados del vecino país, en la que “reconoce” en forma expresa que el Paraguay tiene derecho a “usar toda la energía” que le corresponde, en virtud del Tratado, en Itaipú.
En una parte de su extensa exposición dijo que Brasil prevé llegar al 2023 “sin dependencia” de Itaipú, porque Paraguay “podrá usar el 100% de su energía”. En principio, es para “cantar victoria”; sin embargo, en mi opinión, estas declaraciones revelan la clara intención del Brasil de que nada cambie.
El general retirado nos ha adelantado que, si podemos, nos metamos la totalidad de los 6.000 MW de potencia de la hidroeléctrica hasta por nuestras narices, y que si no estamos en condiciones de hacerlo, pues bien, necesariamente seguiremos con la vieja imposición del viejo Tratado que nos obliga a ceder nuestros valiosos excedentes exclusivamente a Eletrobras.
Sus expresiones también denotan que, en realidad, su gobierno no está interesado en negociar cambios significativos en el Tratado de Itaipú que efectivamente nos permitan, en el ejercicio de nuestra soberanía energética, vender nuestra energía a otros clientes o mercados.
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Al ratificar las condiciones vigentes de un Tratado claramente leonino y que ha beneficiado grandemente al Brasil estos últimos 35 años de generación, Silva e Luna enfatizó que Eletrobras puede vender la energía a una empresa para que la distribuya en el Brasil y la ANDE puede hacer lo propio a una empresa para distribuirla en el Paraguay, “pero nunca en otro país”.
Sobre este punto, quisiera mencionar interesantes y oportuna acotaciones realizada sobre dichas declaraciones, al pie del artículo, por un asiduo lector brasileño de nuestro diario, cuyo nombre obviaremos. Este amable lector señala que el Tratado no prevé expresamente la compra de la energía de Itaipú y su reventa a terceros países, pero tampoco –asegura– hay un solo artículo que prohiba hacer ese tipo de negocio. Dice que la única prohibición es que la binacional venda energía directamente a compañías en terceros países.
Al citar el Artículo XV del Tratado, indica que los consumidores no son los usuarios finales de la energía (hogares, industrias, comercios), que una lectura menos cuidadosa nos puede llevar a creer, sino que Eletrobras, ANDE u otras compañías brasileñas y/o paraguayas indicadas por ellos.
Agrega que, según el Numeral II. 6, del Anexo C, la energía producida será entregada a estos consumidores en el Sistema de Barras de la Central y de esta manera la energía de Itaipú es adquirida por ANDE y Eletrobras. Añade que dicho sistema es el límite del alcance del Tratado donde se produce el derecho a adquirir “energía no utilizada para su propio consumo, que es la que no se entrega en el sistema de barras, que no compró ANDE o Eletrobras. Enfatiza que (entonces) el derecho de adquisición solo se puede ejercer sobre la energía no comprada y no entregada para consumo de la otra entidad en el Sistema de Barras de la Central.
Nuestro lector concluye que una vez consumida en el Sistema de Barras de Itaipú; es decir, una vez entregado y comprado por ANDE y Eletrobras, el Tratado no trae ninguna limitación sobre el destino o negocio en el que se utilizará la energía, que incluso puede ser comercializado a otras compañías brasileñas, paraguayas o de un tercer país.
Ante esta situación, es inquietante la desidia del Gobierno nacional, que es el que realmente tendrá a su cargo los preparativos y la misma negociación. Es más, técnicos compatriotas han coincidido en que para mediados el 2020 ya se debería tener internamente consensuadas propuestas concretas, y que el 2023 ya será muy tarde.
Esta falta de responsabilidad nos puede jugar una malísima pasada, sobre todo si las autoridades brasileñas, en realidad, no están pensando en cambiar significativamente el Tratado ni ninguno de los anexos.