La ordenanza municipal 26/92 de taxistas prohíbe la venta y/o alquiler de paradas y este es un motivo de revocación del permiso. Tras publicaciones de nuestro diario, la Junta Municipal de Asunción resolvió solicitar a la Intendencia que retire el permiso a los taxistas denunciados cuyos nombres aparecen en los contratos.
Sin embargo, pese a que la denuncia salió a la luz hace tres semanas, la Intendencia solo está actuando en “modo espera”, como todos los temas importantes. Espera que se deje de hablar del tema en los medios de comunicación y la ciudadanía en general, mientras dilatan procesos y finalmente nunca hacen nada. Mientras tanto, los cuatro choferes que denunciaron la mafia han quedado sin trabajo en el peor mes del año para estar sin ingresos.
La intendencia sabe y siempre supo que millones de guaraníes se mueven en negro dentro del gremio taxista. Nunca ha movido un solo dedo para terminar con ello. Alegaron en varias ocasiones que no hay pruebas o denuncias serias, pero ahora que hay contratos ni siquiera se han dignado en retirar los permisos a los irregulares. Si esto continúa así, el intendente Mario Ferreiro está aceptando que es parte cómplice de la mafia.
Este podría ser el comienzo de una serie de denuncias de cientos de taxistas que están trabajando en las peores condiciones. Pero estos no hablarán ni mostrarán más documentos si Ferreiro no ordena esta semana poner manos a la obra para depurar el sistema. Alega la Intendencia que la ordenanza 26/92 está desfasada, lo cual es cierto, pero no es motivo para dejar de trabajar.
Ante la llegada de la competencia (Uber, MUV, etc.) y las manifestaciones del enjambre amarillo, la ciudadanía llegó a odiar a los conductores, pero estos fueron en su mayoría arreados para defender la corrupción. Trabajan por bajos ingresos, sin vacaciones ni seguros, para los verdaderos mafiosos: los empresarios taxistas, que tienen decenas de paradas y hacen trabajar a los verdaderos taxistas, ganando millones de guaraníes sin aportar un solo guaraní a la Comuna.
Esto es fruto de años de inoperancia y complicidad municipal.