Así por ejemplo tuvimos a políticos del Frente Guasu cuestionando la cooperación institucional estadounidense a través del FBI, calificándola como un inaceptable intervencionismo extranjero y falta de soberanía.
Sí, los mismos que habían avalado que hace unos años que el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro viniese a Paraguay a darle instrucciones y arengar a nuestra cúpula militar en pleno juicio político a Fernando Lugo.
Soberanía. Fue de hecho la palabra de moda esta semana cuando también otros relativizaron el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le pusiera nombres y apellidos a una declaración contra la corrupción, prohibiendo de por vida la entrada a su territorio al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher, su esposa e hijos; al igual que al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y sus familiares, por considerar a ambos como responsables de hechos de corrupción significativa para el país.
Aquellos que con la exdiputada Cynthia Tarragó se pronunciaron de forma tajante, ayudando a que el tribunal de conducta de los colorados la excluyera rápidamente del padrón de forma cautelar, miraron silbando para otro lado cuando se daba a conocer una resolución que si bien es tomada por una potencia extranjera, corrobora lo que las denuncias e investigaciones han ya revelado localmente sobre ambos exfuncionarios.
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El ñembotavy colorado colectivo se volvió incómodo cuando el senador oficialista Martín Arévalo tomó la iniciativa de presentar un proyecto para expulsar a sus correligionarios Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, obligando a varios de los que se quedaron callados a empezar a pronunciarse tibiamente elaborando discursos llenos de circunloquios.
Claro que es triste que deban aplaudirse sanciones que provienen desde afuera ante la inoperancia de nuestro sistema institucional.
Pero las causas hay que encontrarlas en la podredumbre del sistema político-judicial que estableció redes de complicidad e impunidad, el peor de nuestros males.
Ese es el concepto de soberanía que deberíamos de desarrollar, no el de los gritos o gestos grandilocuentes para las cámaras, sino el de fortalecer nuestra institucionalidad a través del combate a la delincuencia e impunidad.
Esa es la forma en la que cada uno de los ciudadanos de nuestro país, podría volver a confiar en sus representantes, sin necesitar que voces desde afuera nos confirmen la realidad que vivimos a diario.
La soberanía no se declara, se ejerce.
Su ausencia se percibe en el día a día de cada uno de los habitantes de este país, cuando en una institución deben entregarse coimas para agilizar una gestión o cuando sin contactos no es posible obtener un trato más justo por parte de algún funcionario.
Esa es la idea en la que debe trabajar la política, para que el ciudadano común le tome afecto a la democracia y no la vea solo como una cáscara de rituales electorales y gritos al vacío sin respuestas institucionales.
Soberanía es por ejemplo también poder consumir lo que producimos y malvendemos.
No estaría mal que así como este gobierno asegura que las tarifas por el servicio de energía eléctrica no subirán como mínimo hasta 2023, nos garanticen que podamos consumir lo que producimos.
Da nada sirve que nos digan que la tarifa no subirá, si ni siquiera podemos disfrutar del servicio.
Soberanía sería por ejemplo de una buena vez llevar adelante una política de Estado que priorice la inversión en el sistema de distribución de esa energía, con el dinero que generan las binacionales.
guille@abc.com.py