Es verdad. Sandra debe trabajar con la Embajada de Estados Unidos en virtud de la serie de acuerdos de cooperación en materia de seguridad, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes transnacionales. Es una relación institucional de la que Estados Unidos no se puede librar.
Pero eso no significa que Sandra sea una buena fiscala general. Solo significa que los norteamericanos están obligados a trabajar con ella y yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre lo que Estados Unidos piensa realmente sobre ella porque no tengo información alguna al respecto.
Los paraguayos de a pie, en cambio, sabemos que la fiscala general compite con Javier Díaz Verón, con quien también se vieron obligados a trabajar los norteamericanos, por ver quién de los dos es peor.
En Paraguay se lava el grueso del dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, por ejemplo, pero no hay ni un contrabandista de cigarrillos procesado, detenido, condenado. Ni uno solo. Ni medio.
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Según las denuncias oficiales de Estados Unidos y de Brasil, el noventa y seis por ciento de la producción paraguaya de cigarrillos sale del país de contrabando, generando dinero que proviene de la comisión de un delito. Mucho dinero.
Ese solo hecho confirma, sin necesidad de recurrir a los últimos operativos norteamericanos o brasileños, que Sandra Quiñónez no hace su trabajo y que los contrabandistas de cigarrillo gozan de una asombrosa impunidad por acción o por omisión del ministerio público paraguayo.
Pero aparecieron los operativos norteamericanos y brasileños. Cynthia Tarragó fue detenida con las manos en la masa. Horacio Cartes fue procesado por asociación criminal y lavado de dinero. Los fiscales paraguayos se enteraron por los diarios y, tarde y con notoria renuencia, pretenden averiguar los elementos de ambas investigaciones extranjeras.
Creo total y firmemente que los fiscales paraguayos piden información a los investigadores extranjeros para tratar de ayudar a los implicados en ambas operaciones que todavía no aparecieron y para ayudar a los que ya están inmersos en ellas. Ni un elemento de la conducta de los fiscales paraguayos dirigidos por Sandra Quiñónez me permite pensar otra cosa. Espero estar equivocado, pero no veo bases para tener esperanzas.
A pesar de esta montaña de evidencias sobre el mal desempeño de funciones de Sandra Quiñónez, una mayoría de diputados en la Cámara Baja del Congreso Nacional se muestra totalmente abroquelada en la defensa de la fiscala general y de la impunidad que, por acción u omisión, vuelvo a decirlo, ella garantiza a los sinvergüenzas.
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