Es lamentable que casi a diario se den a conocer casos de intendentes y gobernadores que descaradamente meten las “manos en la lata” y otros sospechosos de la comisión de robos de los recursos públicos que deben ser invertidos en obras que garanticen el bienestar de la población. Mientras, se observa una nula acción de la justicia que debe encargarse de castigar con la cárcel a los delincuentes que se presentan como “servidores del pueblo”.
Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de una auditoría de la gestión del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), correspondiente solamente al ejercicio fiscal del año 2018. Apunta en el reporte que constató una serie de irregularidades en cuanto a aportes otorgados a entidades educativas y organizaciones sin fines de lucro.
Montos millonarios fueron otorgados sin que las instituciones cumplieran los requisitos fundamentales, como el reconocimiento de sus comisiones y presentación de tres presupuestos y tampoco presentaron la obligada rendición de cuentas del uso que le dieron al dinero recibido, entre otras presuntas anomalías, indica el informe de la CGR.
La ley es muy clara al respecto: los que reciben dinero público deben estar reconocidas por la Municipalidad como una comisión, presentar tres presupuestos cuando se trata de montos superiores a G. 5 millones, así como el certificado de inscripción en la Abogacía del Tesoro y la declaración jurada de que no está recibiendo dinero de otras entidades del Estado.
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Según el ente contralor, a pesar del incumplimiento de todas estas exigencias, la Comuna de Pedro Juan Caballero otorgó millonarias sumas de dinero a varias instituciones y, peor aún, siempre de acuerdo al informe de la CGR, las autoridades de la Municipalidad ni siquiera supervisaron en qué se utilizaron las transferencias.
La Contraloría dice que más de G. 800 millones fueron desembolsados y que la administración municipal no presentó documentos que justifiquen el uso dado a ese dinero. El ente de control le dio a la Intendencia 30 días de plazo desde la emisión del informe para responder los cuestionamientos.
El intendente municipal y la Junta Municipal deben aclarar suficientemente las presuntas irregularidades señaladas por los auditores. Los habitantes de la capital departamental así lo exigen.
El intendente José Carlos Acevedo asegura que poseen todas las documentaciones requeridas por la Contraloría, pero, llamativamente, no fueron encontradas por los auditores que recibieron los legajos del ejercicio fiscal del 2018.
Las autoridades electas por el pueblo deben estar realmente al servicio de la población, están obligadas a rendir cuentas de cómo administran el dinero público. Deben cumplir y hacer cumplir lo establecido en la ley en cuanto a administración de recursos financieros. El control del destino dado a los fondos debe ser exhaustivo y serio porque así exige ahora un sector de la población que se cansó de ser espectador del abuso que vienen cometiendo desde hace años las autoridades y los funcionarios públicos, que utilizan las instituciones como botín o como un medio para enriquecerse de la noche a la mañana.
La población paraguaya, y en especial la pedrojuanina, está cansada de políticos insensibles, de autoridades corruptas, que se apoderan de los recursos financieros, como los del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalties, mientras un vasto sector de los habitantes se sume en necesidades básicas.
Es de esperar que las autoridades municipales de Pedro Juan Caballero aclaren las irregularidades señaladas por el máximo órgano contralor de nuestro país y si no son capaces de hacerlo, que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables directos de las presuntas “tragadas”.