En Amambay se cotizan el cambio de nombre de la carátula de un juicio, el levantamiento de una orden de arresto y las resoluciones para arrestos domiciliarios.
Los abogados, salvo raras excepciones, son simples canales para que sus clientes y un fiscal o juez puedan comunicarse a fin de “negociar” y “resolver” algún caso judicial.
Para un abogado lograr ser nombrado fiscal o juez, en Amambay, es sinónimo de haber ganado la lotería. En poco tiempo circulan a bordo de lujosos vehículos, viven en suntuosas mansiones y disfrutan de vacaciones en lugares paradisiacos.
La corrupción ha carcomido los cimientos del Poder Judicial a tal punto que la credibilidad de la justicia es nula. La ciudadanía observa impotente cómo los jefes del hampa son tratados como grandes señores siendo beneficiados con fallos judiciales “a la medida”.
No en vano, el ahora ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, cuando se desempeñaba como fiscal señaló que el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero era un gran restaurante de lujo, en donde los mejores chef cocinan los fallos judiciales a medida y a pedido de los narcos.
La desconfianza en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en Amambay es tanta que se debe apelar a jueces y fiscales de Asunción para llevar adelante allanamientos importantes en la zona. Una muestra clara y contundente de la corrupción imperante en la justicia es la resolución reciente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que enjuició con suspensión a cuatro jueces del decimotercer departamento, todos denunciados por favorecer a criminales vinculados con el narcotráfico.
Solo el año pasado, los narcos cometieron 140 asesinatos en Amambay, de los cuales 99,9% no fueron aclarados. Esto es posible gracias a un Estado ausente, que solo se hace sentir cuando ocurren asesinatos de personas relevantes, que tienen eco en la prensa nacional e internacional.
Es el caso del asesinato del periodista Leo Veras, asesinado en su propia casa cuando se estaba disponiendo para cenar con su familia, el 12 de enero último. Diez fiscales de la capital y agentes policiales de diversos departamentos especializados sitiaron la ciudad para allanamientos en busca de los asesinos del periodista, doce días después del crimen.
Los autores morales con seguridad ya están lejos de la frontera entre Paraguay y Brasil en Amambay, disfrutando de “vacaciones” en espera de que el caso Leo Veras, así como en todos los hechos de asesinato de periodistas en esta frontera, queden bajo el manto de impunidad. Luego volverán para operar libremente, gracias a funcionarios estatales corruptos y vendidos al mejor postor.
El Estado paraguayo es cómplice de todos los crímenes que ocurren en el Amambay y en otras ciudades fronterizas al permitir que sanguinarias bandas criminales del Brasil, el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se instalen y enseñoreen en la zona.
La dura realidad es que en esta frontera no impera la ley del país, sino la ley del silencio, que los narcos impusieron a sangre y fuego. Los habitantes honestos están desprotegidos y nadie se animaría a denunciar los hechos de corrupción de los que imparten justicia, que es un secreto a voces, porque saben que si lo hacen, estarán marcados y no tardarían en ser eliminados.
Es hora de que el Estado se haga sentir, es hora de tener una justicia realmente ciega y que castigue los crímenes sin caer en sobornos ni presiones.