Ahora, el Ministerio de Hacienda presentó a trabajadores e industriales un proyecto de ley para crear una superintendencia estatal que “regule y supervise el sistema previsional”.
El Ministerio argumenta que las cajas se encuentran sin control y se quiere evitar nuevos casos de malos manejos, existe la necesidad de una supervisión autónoma, pero se aclara que esta ley no pretende confiscar los fondos jubilatorios ni modificar los parámetros vigentes en cuanto a edad, años de aporte o tasas de inversiones. El superintendente sería nombrado directamente por el Ejecutivo.
Aquí hay mucha tela que cortar. Es cierto que en algunas cajas jubilatorias (bancaria, de Itaipú y la fiscal) ha habido serias irregularidades y algunas “inversiones” en el exterior produjeron grandes pérdidas a esas instituciones. Es verdad que, al igual que todas las entidades financieras del país, las cajas también deberían ser supervisadas por el organismo estatal del área, el BCP, pero...
La experiencia argentina nos debe poner en alerta máxima porque durante la administración del matrimonio Kirchner, los diversos seguros sociales y jubilatorios, tanto públicos como privados, fueron estatizados por ley y una entidad, el Anses, monopoliza los fondos.
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A poco tiempo de la reestructuración, el gobierno argentino comenzó a “prestar” plata del Anses, empezando por el propio Banco Central. Además, por mera utilidad política, la presidenta Cristina incorporó al sistema jubilatorio a casi tres millones de personas que jamás habían aportado. Asimismo, el gobierno fija unilateralmente cómo y cuánto debe ser el reajuste anual de las jubilaciones. Los aportantes no tienen ni voz ni voto en las decisiones que se adoptan con su dinero.
El temor de los sindicatos de trabajadores y del sector empresarial es que aquí se imponga algún proceso similar. No sería raro que un funcionario público, nombrado por el presidente de la República, meta la mano en el sistema y en el manejo de los fondos previsionales y, por ejemplo, con la excusa de financiar obras públicas de interés social, el capital reservado para las jubilaciones empiece a hacerse polvo.
Las instituciones públicas no son un certificado de seriedad y garantía del cumplimiento de las leyes. Recordemos que actualmente el propio Poder Ejecutivo no cumple con su obligación legal de aportar mensualmente al IPS lo que corresponde.
El proyecto de Benigno López no debe enviarse al Congreso sin haber pasado por un exhaustivo y profundo análisis compartido entre autoridades, trabajadores y empresarios. Los que ponen la platita cada mes, deben tener un rol preponderante en la administración de los fondos previsionales. Evitemos que intereses políticos metan sus garras en los fondos de cajas jubilatorias. Si ello ocurriera, amóntema lo mitã. Hule ñande jubilación.