La ciudadanía atenta o vigilante que no depende de la politiquería, esa que acostumbra informarse y que quiere un futuro mejor para todo el país, expresa que aquello es una burla, una tomadura de pelo, y tiene razón porque aparentemente el recorte del despilfarro del dinero del pueblo manejado por la represa hidroeléctrica no será tal como dijeron sus ejecutivos cuando anunciaron la desvinculación de un grupo de empleados por haber cometido faltas graves.
Según un comunicado de la institución, 243 personas fueron incorporadas en la plantilla en el sector paraguayo durante la gestión dirigida por el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Agrega que de aquel total, 100 fueron nombrados para el cuadro permanente y que “la cantidad de nuevos funcionarios contratados bajo la administración actual es de 143 trabajadores”.
El informe refiere además que mediante orden judicial fueron incluidas 31 personas en la nómina del personal permanente y que se realizó el nombramiento de otros 43 empleados que habían sido fichados por contrato en administraciones anteriores. Así, se tiene que en total hay 317 funcionarios más en la entidad, incluidos aquellos cuya situación solo fue formalizada u obligada por fallo de la justicia.
Como un intento de “consuelo” ante las mencionadas incorporaciones fue que el jefe administrativo de la usina, Alejandro Takahashi, manifestó en conferencia de prensa que fueron descontratados 124 empleados. En resumen, descontando esa cifra de los 317 en total anexados a la plantilla, se tiene que son 193 más los dependientes con que cuenta la hidroeléctrica en el lado paraguayo en el actual gobierno, como funcionarios permanentes o como contratados.
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Bien se sabe que la cantidad de trabajadores en Yacyretá –lado paraguayo– es excesiva (2.200 en total, mientras que en el área de Argentina son unos 700) y que las contrataciones continuaban pese a ello, por decisión propia de sus autoridades o por pedidos o presiones de politiqueros, sin que haya necesidad real.
Esos actos fueron por lo general solo clientelismo político, para beneficiar a operadores y parientes con dinero del Estado, que es de todos los ciudadanos de este territorio y, por ende, deberían ser manejados con el mayor cuidado y responsabilidad.
El comunicado emitido por la hidroeléctrica menciona que durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) hubo 375 incorporaciones de empleados en la entidad y que en el de Fernando Lugo y Federico Franco (2008-2013) se produjeron 141 nombramientos en el cuadro permanente. Esta clase de incorporaciones de funcionarios se produce en casi todos los organismos del Estado en la mayoría de las veces sin que sean respetadas las leyes y reglamentaciones antinepotismo o de concursos de méritos y aptitudes.
Grupos familiares enteros de políticos usan al Estado –incluye a organismos regionales– como fuente inagotable de dinero para nutrir sus cuentas bancarias sin esforzarse. No intentan siquiera hacer carrera en el sector privado, y esa práctica la transmiten de generación en generación.
En los edificios que están a cargo de Yacyretá en el centro de Asunción pululan los recomendados de jerarcas partidarios sin tener una función específica a la cual dedicar tiempo. Con la cantidad de funcionarios que hay en el sector público sería suficiente como para que el Paraguay brille en toda su extensión, si todos se esmeraran para contribuir.