Dos dictámenes fueron presentados. Uno por la aprobación del pedido, firmado por los concejales Víctor Dárdano (PEN) y Alcibiades Ayala (PLRA). Otro por el rechazo, presentado por los ediles liberales Lourdes Espínola, Lina Coronel y Víctor de la Cruz.
Mendoza culmina este año su segundo mandato como intendente. Cuenta con una imputación de la Fiscalía por lesión de confianza, debido a un faltante de más de G. 700 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El proceso es cada vez más lento y no avanza debido a las chicanas del intendente.
El jefe comunal habría realizado obras a precios sobrefacturados, según las denuncias. Una de las construcciones más cuestionadas, no solo por los ediles comunales sino por toda la ciudadanía, es el centro cultural que costó más de G. 4.000 millones y prácticamente no tiene nada. No cuenta siquiera con sillas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, para fiscalizar la obra la Municipalidad contrató por G. 200 millones a la esposa del diputado liberal Sergio Rojas, Gloria Patricia Cantero. Esta última también acaparó la mayoría de las obras dentro del distrito.
La administración de Raúl Mendoza, asimismo, pagó en el año 2018 sumas millonarias por combustible, más de G. 367 millones. Igualmente utilizó recursos de royalties para el pago de sueldos y aguinaldos del personal municipal, pese a la prohibición establecida en las leyes.
La mayoría de las obras fue realizada sin la autorización de la Junta Municipal y por contrataciones directas.
A partir de todos estos antecedentes, para la población amerita la intervención de la Comuna de San Antonio. En tanto, que el legislativo municipal espera la aprobación del pedido en la Cámara de Diputados.
Raúl Mendoza (liberal llanista) ya pasó por un pedido similar el año pasado, pero fue “blanqueado” por los diputados.