En el Senado, ni siquiera se analiza despojarle de sus fueros sino directamente la expulsión de su banca porque a sabiendas de tener síntomas del covid-19 les expuso a sus colegas asistiendo a la famosa sesión extra de la Cámara Alta el 1 de abril pasado.
A la irresponsabilidad de su conducta se suma que intentó engañar al titular del Congreso, Blas Llano (PLRA), y a la ciudadanía en general con un resultado del test que obtuvo de un laboratorio de San Lorenzo, que rápidamente fue desmentido por esta empresa y por el propio Ministerio de Salud Pública. Es más, esta cartera no solo ratifica que dio positivo a la prueba sino que también contagió a otras personas. Más grave aún.
Al día siguiente, la senadora Bajac intentó salvarse de la pérdida de investidura al publicar la devolución del viático de su viaje no realizado a la ciudad de Guatemala para participar de un evento que a primera vista no le iba a reportar ningún beneficio al pueblo paraguayo. Solo a ella.
A esto se suma que varios de sus colegas ya le tenían “en la mira” porque no logra desprenderse de su actividad evangélica y organizó rezos en la sede legislativa, que le fueron permitidas por “cortesía” parlamentaria. Pero en voz baja varias bancadas expresaron su desacuerdo con este tipo de hechos.
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Aparentemente hay votos para expulsar a la senadora Bajac pero no será en la sesión extra virtual de este martes porque le ofrecerán la oportunidad para que se defienda como se hizo en otros casos anteriores. Algunos ejercieron como Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) y otros como Víctor Bogado (ANR, cartista) se retiraron porque ya sabían el desenlace y se prepararon para recurrir directamente a la justicia ordinaria.
En Diputados la situación es bien diferente. El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, cartista), anunció ayer a ABC que este martes conversarán de manera virtual los líderes de bancada para confeccionar el orden del día de una próxima sesión extra, que se llevará a cabo en la semana del lunes 20 de abril al viernes 24 de abril en la sede de la Conmebol. Pero en esta reunión extra solo se analizará la pérdida de los fueros, no así la expulsión de Del Pilar Medina y Édgar Ortiz.
De hecho, Alliana y la mayoría de los diputados tienen una idea distinta de la pérdida de investidura. Sostienen que nadie puede perder su banca porque por Constitución se presume la inocencia hasta que aparezca una sentencia firme y ejecutoriada. Es un razonamiento lógico pero no correcto porque Alliana equipara la pérdida de investidura con una pena establecida en el Código Penal. Y son dos cosas distintas. La pérdida de investidura, establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 201, es una sanción política que no implica pena privativa de libertad ni afectación de un patrimonio, mientras que la sentencia judicial es producto de un largo proceso que tiene consecuencias más graves. Quiero que me disculpen los abogados porque mi explicación corresponde a la materia Introducción a la Ciencia Jurídica, parte uno, pero me veo obligado a hacerlo.
Ahora, no sería raro que la mayoría de los diputados nos sorprendan con una actitud distinta a la que tuvieron y analicen de una vez por todas expulsar también a sus colegas como hacen sus vecinos del Senado. Pero para llegar a ello necesitan despojarse de su visión feudalista y electoralista.