Finalmente, presionado por innumerables denuncias, manifestaciones, críticas y reclamos a través de las redes sociales, así como publicaciones periodísticas, el gobernador Hugo Javier González (colorado cartista) emitió la orden para que los proveedores comenzaran la distribución de los alimentos a instituciones educativas.
Llegaron los paquetes de la merienda escolar, pero fue tanta la decepción de los padres, alumnos y docentes, que nuevamente comenzaron las denuncias, y bien fundamentadas.
“Es un miserable kit”, “es una migaja”, fue lo mínimo que dijeron los denunciantes al recibir la bolsita con dos litros de leche, dos pancitos, un paquete de chipitas que contiene apenas tres unidades, para cada alumno y que debe durar diez días.
El alimento no les llegó a todos los alumnos matriculados este año. En numerosas escuelas faltan porque el plan se diseñó con base en la planilla de inscripciones del año 2019.
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Algunos tildaron a los padres de malagradecidos por cuestionar la calidad y cantidad de los kits. Sin embargo, es necesario entender que no es un “regalo” del gobernador Hugo Javier González, sino son productos pagados con dinero público. Además, los paquetes que cuestan entre 9.230 y 9.255 guaraníes son distribuidos con más de dos meses de retraso.
El gobernador habló de imposibilidad de utilizar los fondos y luego de una falta de acuerdo con los proveedores. Sin embargo, dichos recursos estaban disponibles, según informe de la propia Contraloría General de la República (CGR) con lo que dejó al desnudo la paupérrima gestión administrativa del gobernador.
El documento señala que la Gobernación tiene desde hace tiempo en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) G. 2.000 millones para adquirir complemento nutricional para las escuelas. También G. 3.000 millones de los fondos del Fonacide en otra cuenta de la misma entidad.
La mala gestión de estos recursos impacta en un sector muy sensible cual es la educación y el efecto es más fuerte en tiempos de crisis, como el que vivimos.