Si bien el principal argumento de los congresistas que están a favor –colorados, en su mayoría– es incentivar a la producción nacional para proteger y promover la creación de empleos en plena crisis económica mediante las compras que realiza el Estado, ¿realmente lo será?
Según denunció la diputada Celeste Amarilla (PLRA), las industrias farmacéuticas son las más beneficiadas con la posibilidad de aumentar precios al ofertar al Estado, puesto que los otros rubros principales de las compras públicas son alimentos, que por ley ya se obliga a adquirir de oferentes nacionales, y obras públicas, que aunque sea licitación internacional, la mayoría está siendo ejecutada por constructoras paraguayas o, en todo caso, en consorcio con alguna extranjera. El titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, advirtió que es una cuestión sensible la de establecer un aumento del porcentaje del margen de preferencia sin definir topes o sin discriminar por rubro o destinatario, porque existen productos y servicios en los cuales no se justifica pagar más frente a otra de menor precio, porque la oferta nacional es limitada. La misma postura sentó la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer.
Incluso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un dictamen en el cual califica de proteccionista la propuesta y alertó que podría generar conflictos internacionales con los acuerdos comerciales firmados, ya que cambian las bases de las negociaciones hechas. El diputado Sebastián García recalcó que la imagen del país podría ser dañada.
La última sesión de Diputados, en la que se debatió por tres horas este punto, con posturas a favor y en contra, dejó ver que básicamente se mantuvo como eje de discusión la compra de “productos nacionales vs. extranjeros”, durante y después de la pandemia. Supuestamente la preocupación de los legisladores es la economía de las empresas locales, sin embargo, nadie siquiera mencionó que hoy existe una “Tienda Virtual” en Contrataciones Públicas, con el fin de facilitar los mecanismos para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se conviertan en proveedoras del Estado, pero que a la vez no ayuda a la preocupación prioritaria de las mipymes, que es el cobro rápido. Es decir, no se establecieron los mecanismos para abreviar los plazos de pago a estas unidades de negocios de modo que realmente se logre el ansiado objetivo de dinamizar la economía. Si en verdad quisieran ayudar en la reactivación de la economía, el Congreso podría idear la herramienta para facilitar esos pagos, mediante una ley, así como en Chile, que obliga a que las empresas o instituciones a las que proveen las mipymes, les paguen en un plazo no mayor a 30 días por los productos o servicios recibidos.
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Las mipymes constituyen el motor de la economía, al representar el 97% de las empresas del país y que emplea al 70% de la fuerza laboral y son a la vez las más informales, el principal obstáculo para acceder a líneas de créditos blandos. Cabe recordar que hace un mes el Congreso sigue sin definir las modificaciones de la Ley del crea y regula el Fondo de Garantías (Fogapy), clave acceder a préstamos de bancos, financieras.
Ante este panorama, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en su manos beneficiar a un pequeño grupo de empresarios contratistas del Estado, confirmando la históricamente criticada patria contratista, o generar los mecanismos para que la inmensa minoría postergada hasta hoy, que son las mipymes, acceda a recursos estatales –o incluso privados– en mejores condiciones. Ya sea incentivando la participación de las mipymes en las compras públicas, facilitando los mecanismos para formalizarlas, otorgarles créditos flexibles y acortando los plazos para los pagos. Ahí están los empleos que de verdad necesitan ser protegidos.