No tengo la formación legal suficiente para participar en un debate jurídico sobre la constitucionalidad de una ley, pero la lógica y una mirada a lo que viene ocurriendo a lo largo de los años con el Presupuesto Nacional y una lectura rápida de lo que dice la Constitución parecen confirmar que ambos tienen algo de razón.
Efectivamente nuestro país es desde hace décadas imposible de administrar racionalmente (en el supuesto y muy hipotético caso de que alguien lo hubiera intentado), porque los presupuestos sistemáticamente son disparatados. En contrapartida, efectivamente el texto constitucional parece dar la última palabra sobre el presupuesto al Parlamento.
Con un poco de buena voluntad y negociación por ambos lados y el trabajo de algunos constitucionalistas respetados por todos los sectores, no creo que fuera difícil llegar a una reglamentación razonable, para limitar la discrecionalidad y el abuso político del presupuesto sin transgredir el texto constitucional.
Si uno se para a pensarlo, el hecho mismo de que se discuta la disciplina fiscal, en los términos en que se está discutiendo, es una auténtica vergüenza para el país y dibuja una imagen lamentable de nuestros legisladores, a los que por definición –y no sin realismo– se los considera “irresponsables”.
Tanto el propio Congreso como el Ejecutivo y también los ciudadanos comunes, todos estamos dando por supuesto que a los legisladores no les importa absolutamente nada el bienestar del país y que el Presupuesto Nacional no se considera una herramienta para administrar el Estado, sino un arma política y un instrumento de clientelismo.
Por otra parte y para ser realistas, nadie cree tampoco que la inconstitucionalidad sea realmente el motivo de los parlamentarios para oponerse a la disciplina fiscal… Si el proyecto les pareciera favorable a sus intereses sectoriales, no se habrían molestado siquiera en mirar la Constitución Nacional.
El motivo de los parlamentarios, sobre todo de la bancada colorada que se está mostrando más reacia que la oposición a la disciplina fiscal, no es la inconstitucionalidad, son las banderas negras que reclaman cargos y la curiosa amenaza de algunos dirigentes de seccional de “crucificarse” si el Gobierno no empieza a repartirles esos cargos, a los que creen tener una especie de derecho adquirido, como botín de guerra de una victoria electoral.
Lo de las crucifixiones ha sido tan disparatado que obligó a la señora Samaniego, presidenta del partido, a pedir lo imposible: que no haya burlas al respecto. Por otra parte, para mí que también ha contribuido, ante la avalancha de chistes y tomaduras de pelo, para que los legisladores colorados moderen su postura.
La reacción ciudadana, de ofrecer por las redes sociales los clavos, la madera y los martillos necesarios para las crucifixiones, ha sido un mensaje más que claro del hartazgo de la ciudadanía sobre la idea de que la obligación de un gobierno es repartir cargos. Por lo visto los paraguayos comunes pensamos que ya va siendo hora de que sean ellos los que se crucifiquen, en lugar de crucificar al resto del país.
Por cierto, supongo que las crucifixiones son una referencia al martirio de Jesucristo. Conviene entonces hacer un poco de memoria, porque la tradición cristiana afirma que, junto a Cristo, había crucificados algunos ladrones.
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