Redactar un nuevo estatuto para una universidad pública es una tarea compleja, delicada y que demanda la mejor buena voluntad de las distintas partes interesadas, es decir, las autoridades, los docentes, los estudiantes y los egresados. Es un trabajo que exige un clima de estudio, de paciencia, de tranquilidad y tolerancia ante las previsibles diferencias de criterios para ir construyendo juntos el instrumento legal que servirá de marco rector a la futura convivencia universitaria.
El martes, en la primera sesión de la Asamblea Universitaria, los estudiantes rodearon el local del Rectorado y cuando salieron los docentes y el asesor jurídico, llovieron huevos y tomates, así como también improperios contra estos asambleístas.
El estatuto de una universidad no se puede elaborar en medio de una tensión permanente, de batucadas, de amenazas y escraches contra quienes tienen que consensuar y redactar las normas jurídicas de la entidad.
El interés del estudiantado por el contenido del estatuto es justificado y comprensible: desde luego que deben conocer cuál es el modelo de universidad que se está gestando en los papeles y cómo se van a conformar los órganos directivos, los períodos de las autoridades, los sistemas de control académico y administrativo, etc. Pero esa delicada tarea corresponde a los asambleístas, entre quienes están los representantes estudiantiles. Los centenares de ruidosos manifestantes no pueden pretender ser parte de la Asamblea Universitaria con el fin de imponer su voluntad en cada artículo que se esté analizando.
La Asamblea se fijó un calendario de días y horas de trabajo para realizar su cometido específico. La reforma del estatuto de la UNA está en marcha; los representantes legítimos de los distintos estamentos están trabajando en dicho objetivo. Entonces, hay que dejarlos hacer su tarea en paz. Los asambleístas pueden mantener informados a sus respectivos estamentos de cómo avanzan las cosas.
Aunque sea obvio, debemos recordar que la universidad es ya el nivel terciario, el más alto, de la educación y, en consecuencia, se supone que ahí están las personas más cultas de la nación. El debate académico y jurídico debe hacerse en un ambiente de respeto y de apelación a la inteligencia de las personas, no a los gritos desaforados y al tiro de huevos podridos al que piensa diferente.
Incluso en democracia, hay ciertas cosas que no se resuelven con mayoría de votos. Una veintena de docentes y estudiantes comprometidos con su universidad, abiertos a lo que recomiendan la ciencia y la experiencia académica, y profesionalmente honestos, pueden elaborar un mejor estatuto que mil manifestantes fanatizados dispuestos a insultar a cualquiera que no responda a su intereses.
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