El cambio de gobierno ha traído muchas auditorías en otras tantas instancias del Estado, desde ministerios hasta instituciones importantes de administración pública. No todas las instancias han sido auditadas ni todas las auditorías han sido publicadas ni todo lo descubierto ha pasado como información a los medios de comunicación social. Sin embargo, los datos que saltaron a la opinión pública por estos medios fueron suficientes para llegar a la conclusión del alto grado de corrupción en la administración del Estado.
El nivel general de corrupción en la administración de bienes del Estado ha sido escandaloso. Si a esto se une la corrupción no dada a conocer y la que existe en sectores privados, por ejemplo en el contrabando y en el mercado de drogas, podemos y debemos reaccionar con honda preocupación y firme decisión de contribuir desde nuestra responsabilidad ciudadana con el saneamiento moral de la nación, antes de hundirnos irremediablemente en el barro y que la corrupción nos destruya más aún.
Todos participamos en la responsabilidad ética ante la moral enferma de la nación, pero por supuesto que no todos tenemos la misma responsabilidad. Además de la ética personal y la ética ciudadana, es evidente que los políticos y funcionarios que hemos elegido y a los que les pagamos para que administren los bienes del Estado tienen mayor responsabilidad ética.
La relación entre ética y política es una relación compleja. Dennis F. Thompson, inspirándose en una frase de Jesús de Nazareth, recogida en los evangelios, escribe: “La política dice: ‘Sed, pues, astutos como serpientes’, pero la moral añade una condición limitante: “e inocentes como palomas”.
Y Thompson continúa escribiendo : “También lo afirma Kant, quien piensa que serpientes y palomas pueden coexistir y que además predominarán las palomas. Un filósofo más realista diría: sí, palomas y serpientes pueden yacer juntas, pero las palomas no conciliarían el sueño” (1998,11).
Todo político si es funcionario del Estado, aunque tenga cargo tan alto como legislador, ministro de la Corte Suprema de Justicia o presidente de la República, tiene que asumir las exigencias de la ética. La ética política no es optativa. Los políticos no pueden decir ni en broma que la ética no es cosa suya.
Todavía sigue teniendo vigencia la obra de teatro de Jean Paul Sartre, “Las manos sucias”. En ese drama teatral Sartre retrata al líder revolucionario con “las manos sucias hasta el codo”. Y algunos politólogos han señalado recientemente que los líderes de los estados democráticos consolidados quizá tengan las manos tan sucias como el protagonista revolucionario de Sartre (1998,25). ¿Quién lo duda? Esto sucede en democracias consolidadas y en democracias aún balbucientes, ¿verdad?
La ética política no es un listado de deberes, no es una deontología, la ética es resultado de la constante reflexión sobre conductas de los políticos y sus consecuencias, analizadas a la luz de principios y criterios básicos del comportamiento que debe tener un funcionario del Estado, comprometido no solo con los ciudadanos de su partido político y otros que lo eligieron en mayoría, sino de todos los ciudadanos, puesto que administra los recursos y los bienes que pertenecen a toda la comunidad nacional. Trabaja y sirve a toda la ciudadanía.
Como todo ciudadano y mejor que cualquier ciudadano, por tener responsabilidad social pública libremente contraída, está obligado a cumplir las leyes y a trabajar con eficacia por el bien común.
Todo lo que sea usar el poder que se le ha concedido (el poder no le pertenece, el poder está en el pueblo que es soberano), para beneficio propio o de sus familiares y amigos es un comportamiento infiel, desleal, de traición a quienes confiaron en él y a quienes le están manteniendo su sueldo con sus aportes personales mediante impuestos y otras formas de cooperación ciudadana con el Estado.
Según sea la infracción a la ética y al derecho, así debe ser la sanción. Lo triste es que generalmente el derecho penal es más útil para castigar los delitos de los ciudadanos que los delitos perpetrados por los que están en situación de poder.