La cúpula de Podemos le achaca a Rivera haber ido a Venezuela con fines electoralistas ya que el próximo 26 de junio tendremos de nuevo elecciones, la segunda vuelta, pues en la primera, del pasado 20 de diciembre, no se logró formar gobierno. Algunos dirigentes decidieron ironizar sobre el tema escribiendo en sus cuentas de la red frases como “Los venezolanos no votan en España” y cosas parecidas. A estas expresiones se sumaron los miembros de Izquierda Unida, un partido que surgió recogiendo los despojos del Partido Comunista Español atomizado por sus luchas internas entre los seguidores de Santiago Carrillo, líder histórico del PCE, y los de la línea leninista, prosoviética, a horcajadas entre los años 70 y 80.
Las reacciones que se siguen registrando entre los opositores a Albert Rivera y las críticas por su visita a Caracas que incluyó un discurso ante la Asamblea Nacional (Parlamento) en el que pidió diálogo entre oposición y Gobierno y la puesta en libertad de los presos políticos, hay que hacerlas pasar por otro tamiz que nada tiene que ver, por lo menos directamente, con las próximas elecciones. A su regreso a España, Rivera habló del estupor que le causó ver las condiciones en que están viviendo los venezolanos, con una calidad de vida deplorable, una inseguridad alarmante agudizado todo por una extrema escasez de lo mínimo necesario para seguir viviendo. Pero a más de ello, le exigió a la cúpula de Podemos y de Izquierda Unida que se manifiesten públicamente, con toda claridad, de la posición que asumían frente a esta crisis y la existencia de presos políticos.
Solo el silencio respondió a su solicitud. O, mejor dicho, lo grave no fue que le haya respondido el silencio, sino las explicaciones que dieron tanto Iglesias (Podemos) como Alberto Garzón (IU). El primero dijo: “Nadie debería estar en la cárcel por defender sus ideas. Ahora bien, si se probara que alguien ha cometido delitos de terrorismo, pues entiendo que es sensato que pueda estar en la cárcel. No sé si este es el caso”. Alberto Garzón, por su parte, dijo: “Creo que efectivamente hubo un juicio en el que se le condenó por esto. A mí no me gusta que alguien que es conocido por ser representante de una fuerza política pueda terminar en la cárcel. En cualquier caso, creo que en este caso hay que respetar la legalidad de todos los países”.
Quienes hemos vivido gran parte de nuestras vidas bajo dictadura, bien conocemos cómo funciona, en ellas, la legalidad de los juicios y la imparcialidad de los tribunales con jueces puestos a dedo por el Poder Ejecutivo, con pruebas falsas, con testigos inventados, con testigos de cargo desaparecidos y una larguísima lista de irregularidades. En una oportunidad que tuve que comparecer ante un tribunal del Crimen, mi abogado, antes de entrar a la sala, se fue a llamarle por teléfono al ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro para preguntarle si otro defendido suyo tenía que estar en libertad o debía estar preso. Esta es la “legalidad” que Iglesias, Monedero, Errejón y Garzón piden.
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Lo que les irrita a estos grupos, especialmente a los de Podemos, es que no solo han trabajado, con jugosos salarios, como consejeros de Chávez y de Morales en Bolivia, sino que además campea sobre sus cabezas la versión de estar subvencionados primero por Chávez y ahora por Maduro. No hay que indisponerse, pues, con la gallina de los huevos de oro.
Pensaba comentar sobre el juicio a integrantes del Plan Cóndor pero, lastimosamente, en el momento que debo escribir estas líneas por motivos de horario de entrega, la sesión no se ha iniciado. De todos modos, sean cuales fueren los resultados, el hecho en sí es importante ya que se ha comenzado a despertar una justicia justa; no es una redundancia, sino una realidad que viene al caso, en este momento, cuando todavía hay gente que en medio de su ingenuidad, o de su codicia política, pretenden vestir de legalidad a los abusos irracionales del poder.
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