En los últimos años se ha advertido con insistencia acerca del significativo deterioro del Estado de derecho en nuestro país, cuyas manifestaciones más claras son el extendido incumplimiento de la ley, la alarmante corrupción generalizada y la severa desconfianza en la administración de justicia. En ese sentido, el Banco Mundial efectúa cada año una evaluación del Estado de derecho en el marco de un estudio más amplio sobre la gobernabilidad. En el último informe (2013), en el indicador específico relativo al Estado de derecho, que evalúa el grado en que los agentes respetan las leyes y confían en las instituciones, Paraguay muestra una de las puntuaciones más bajas entre todos los países evaluados, con calificación 2 en una escala de 0 a 10. La debilidad del Estado de derecho en nuestro país se exhibe en ámbitos muy diversos de la actividad económica, del funcionamiento de la administración pública, de la práctica política y de la vida social cotidiana. La economía informal, la evasión impositiva, la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y ciudadana, la impunidad penal y la corrupción son partes visibles de este fenómeno.
En términos de corrupción, la situación es también alarmante. Dos estudios resultan particularmente importantes en esta materia: el primero es el informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2000); el segundo es la encuesta nacional sobre corrupción realizada por Transparencia Paraguay (2005). El sistema judicial merece, en ambos informes, observaciones especiales. El Poder Judicial califica por debajo del promedio de todas las instituciones del Estado en lo que se refiere a cualquiera de los indicadores de desempeño medidos por el estudio, incluyendo la calidad del servicio, el acceso de los usuarios y los costos de provisión. Las características más débiles del Poder Judicial están determinadas por el abuso de la discrecionalidad y la falta de transparencia en los criterios empleados. El 69% de las firmas y el 56% de los ciudadanos encuestados consideran que el Poder Judicial es dependiente de intereses económicos y que esto afecta las decisiones en los fallos. El 61% de las firmas y el 58% de los usuarios consideran que el Poder Judicial no procede conforme a derecho en sus fallos. El 40% de las empresas y el 45% de los ciudadanos no confía en los jueces. El 26% de las empresas no utiliza el sistema judicial debido a la existencia de corrupción y, de estas firmas, el 40% son grandes empresas. En definitiva, el Poder Judicial aparece entre las cinco instituciones más corruptas de la administración pública.
Creo que, alegóricamente, el Poder Judicial se parece demasiado al Infierno de Dante. Dicen que allí hay avaros, rufianes, pervertidos, fraudulentos, aduladores, truhanes, corruptos y traidores. Por cierto, en el dintel de la puerta del infierno, según Dante, consta una inscripción de tono oscuro: “Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y el lugar donde sufre la raza condenada; yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza, si entras aquí”. La última frase es particularmente lúgubre.
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