Lo más probable es que las disposiciones establecidas en la norma terminen siendo simple “letra muerta”, así como ya ocurre con otras ordenanzas que “regulan” el uso de las veredas, pero no impiden que estas sean convertidas en puestos de comida al paso, talleres mecánicos, estacionamiento vehicular, gomerías, depósito de mercaderías y un sinfín de otras actividades, en detrimento de los peatones, que en muchos casos deben descender a la calzada para poder circular.
La norma municipal puede ser cuestionada desde diversos ángulos; uno de ellos es el derecho ciudadano –de rango constitucional– de ganarse la vida en alguna actividad lícita. Limpiar parabrisas no es ilícito, por lo que cualquier ciudadano en plenitud de sus derechos puede decidir dedicarse a esta actividad para ganarse el pan diario.
Existen otras actividades mucho menos “visibles”, como el contrabando o la coima, que sí son ilícitas, pero nadie dice nada.
Pero más allá de lo puramente legal, acaso lo más cuestionable de esta decisión de los administradores comunales es el facilismo con el cual pretenden combatir un problema social como es la precariedad, la falta de fuentes de trabajo que empuja a cientos de personas a convertirse en limpiavidrios, vendedores de cintos, correas para celulares, y algunos hasta alquilar sus cuerpos para sobrevivir en una sociedad donde la discriminación tiene como factor común la pobreza.
La pobreza, que tiene su origen en la mala distribución de la riqueza, en la falta de oportunidades, no se combatirá con decretos ni ordenanzas. Requiere mucha más creatividad y esfuerzo de quienes, se supone, están en mejores condiciones de preparación intelectual para ofrecer las respuestas que la sociedad espera.
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