Los parlamentarios y los senadores vitalicios, así como el defensor del Pueblo tienen el trato de “Honorables”. El fiscal general del Estado, el presidente del Banco Central del Paraguay y de la Justicia Electoral, así como los gobernadores y embajadores también serán tratados como “Excelencia” y así siguen los calificativos hasta para los fiscales llegando al extremo de dar cabida en esta ley al Nuncio Apostólico que recibirá el trato de “Excelencia Reverendísima”, como si la Constitución no hubiera establecido que el Estado paraguayo ya no es confesional, en este caso católico.
Sería muy repetitivo decir aquí que la honorabilidad y la excelencia se ganan, no se imponen por un mandato coercitivo. Más bien diría que la honorabilidad es como una condición de honor y respeto que van ganándose por los notables atributos personales en los que se destacan la honestidad, la sabiduría y la nobleza. Por su parte, la excelencia guarda históricamente relación con el cargo que se ostenta, con el propósito de diferenciarse de otros de menor abolengo, donde el linaje importa más que la misma condición de ser humano.
De ahí que resulta llamativo que esta ley vuelva a retrotraernos a una época en la que lo que interesaba era la estirpe familiar o la alcurnia, cuando que es el talento y el esfuerzo personal lo que tienen real valor no solo material sino sobre todo moral. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el título de excelencia no fue aceptado por los mismos nobles, pese a las tremendas presiones de sus bufones, hasta que aquellos cedieron ante la adulonería, perdiendo la humildad para exigir ser llamados por sus súbditos “Su Excelencia”.
Otorgarse los títulos de honorables y de excelencia por parte de aquellos que precisamente serán objeto de los mismos, responde a una cultura en la que interesan más las etiquetas y las apariencias, antes que la verdad sobre las genuinas investiduras morales de esa persona.
No es en vano que en la vieja y conservadora Inglaterra en la que rige uno de los mejores sistemas de justicia del mundo, los jueces para acceder al cargo requieren ser catalogados como honorables, pero por los mismos ciudadanos que los califican de ese modo de acuerdo a sus propios méritos ganados a lo largo de sus vidas expuestas a la vista de todos. Aquí, como sabemos, estamos lejos de la vieja y conservadora Inglaterra. Muchos abogados más bien llegan a ser jueces y fiscales debido a que van aprendiendo cómo hacer funcionar debidamente los “resortes y modales” tribunalicios.
La honorabilidad y la excelencia, al final, no constituyen un acto o una conducta a imponerse para que otros reciban un trato que no se merecen. La honorabilidad y la excelencia son el arduo resultado de haber pensado y actuado de acuerdo a las propias ideas, con justicia, firme en las convicciones al momento de tener que defenderlas aún estando en minoría y sin dañar a otros. Este es alguien honorable y excelente. Si no es así, se cae en la soberbia, conducta contraria precisamente a lo que la ley aprobada pretende obligar.
(*) Decano de Currículum de UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.