En los preceptos de la Ley del Talión, la lesión sufrida por la víctima servía para establecer la proporcionalidad de la reacción vindicativa. Un ojo valía un ojo, un diente valía un diente. Si una persona privaba la vida de otra, merecía la misma suerte, es decir, la muerte; si alguien robaba, se le amputaba una de sus manos.
Ahora bien, no todas las víctimas gozaban de la misma consideración; el homicidio de un esclavo se castigaba con una pena menor que el homicidio de un hombre libre. Eso ocurría en la Edad Antigua y en la Edad Media.
En la actualidad, a raíz de la permanente violencia, salvo raras excepciones, la “rehabilitación social” de un reo no existe. Sí ocurren persistentes excesos y la autonomía carcelaria permite ocultar muchas de esas aberraciones, abusos e injusticias que se cometen en su interior en contra de los reclusos.
La muerte por tortura del interno Carlos Díaz Pereira, ocurrida el lunes 4 de mayo, con “esquimiosis, traumatismos contusos y múltiples signos de violencia externa”–según el médico forense Pablo Krummer– son evidencias difíciles de refutar.
Y aunque el occiso haya sido un pirómano, alcohólico crónico, es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de su libertad. No puede ser que existan vidas que no valen nada.
El caso de Díaz Pereira simboliza un flagrante desprecio por la vida del otro en el penal con casi 1.000 internos.
Para un razonamiento democrático, todo es más complejo y debe ser elaborado. Quebrar la lógica de la violencia es un imperativo. Simple es enunciarlo, construirlo cotidianamente es un desafío mayúsculo.
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