Casi el cien por ciento de los jefes comunales de Cordillera se caracterizan por tener una administración plagada de irregularidades, como malversación de fondos, sobrefacturaciones de obras, faltantes de dinero, entre otros. En lugar de desarrollar las ciudades propiciaron un atraso lamentable.
Los más cuestionados son el arroyense Gustavo Alfonzo (ANR), quien pretende candidatar a su pareja Lilian Díaz, ambos imputados por la Fiscalía de Delitos Económicos por un faltante de G. 883 millones de la Municipalidad.
Otros, como Gustavo Troche (PLRA), de San José Obrero; César Balbuena (PLRA), de Santa Elena, y César González (PLRA), de Mbocayaty del Yhaguy, están siendo investigados por la fiscalía por denuncias de irregularidades en su administración.
Otros con administraciones cuestionadas son Roberto Franco (ANR), de Caacupé; Martín Muñoz (PLRA), de Atyrá; Dan González (PLRA), de Tobatí, y Ramón Zubizarreta (PLRA), de San Bernardino.
Los jefes comunales de bajo perfil y nula gestión que pretenden continuar en el cargo son Blas Añazco (ANR), de Caraguatay; Osvaldo Ovelar (ANR), de Isla Pucú, y Luis Vera Cárdenas (ANR), de Loma Grande.
Forman parte de los doce intendentes de Cordillera que no presentaron sus informes de rendición de cuentas de la utilización de los recursos de Fonacide del ejercicio fiscal 2014.
Los intendentes César González (PLRA), de Mbocayaty del Yhaguy; Mirta Fernández (PLRA), de Valenzuela, y Jacinto Raúl Peña (PLRA) pretenden que sus hermanos les sucedan en el cargo.
En manos del elector queda decidir a quien votar y a quien botar.
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