El 15 de agosto, después de asumir como presidente de la República, Mario Abdo Benítez comenzó una repartija de cargos a políticos y seccionaleros en secretarías, empresas públicas, entes autárquicos, en su afán de “premiar” a todos aquellos que lo respaldaron en campaña, obviando la idoneidad necesaria para recuperar la “institucionalidad de la República”, que tantas veces pronunció en sus discursos electorales.
Por ejemplo, ubicó a “hombres escombros” en las binacionales, como José Alderete, su exjefe de campaña, en Itaipú, y a Nicanor Duarte Frutos, quien fue premiado con la titularidad de Yacyretá por cambiar de carpa, del cartismo a Añetete. Ellos forman parte de su círculo de allegados para la toma de decisiones, al igual que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor; el ministro de Hacienda, Benigno López, y el senador Silvio Ovelar, cuya pareja Magnolia Mendoza recuperó el cargo de asesora jurídica en Itaipú.
Abdo se rodeó además de gente como el seccionalero Mauricio Espínola y el exconcejal Daniel Centurión, ambos asesores políticos, y el exedil de Asunción Julio Ullón, su jefe de Gabinete.
El exsenador Julio Velázquez, quien violó la Constitución Nacional para la reelección de Horacio Cartes, es actual consejero de IPS, y uno de los protagonistas junto a Benigno López y el titular de IPS, Armando Rodríguez, del escándalo por denuncias de licitaciones amañadas.
La improvisación de Abdo le llevó a enfrentar el conflicto institucional en el Ministerio de Educación, entre el ministro Eduardo Petta y la entonces viceministra Nancy Ovelar, quienes protagonizaron constantes roces. Pero fue Ovelar la destituida, lo que a su vez generó el enojo de la senadora Blanca Ovelar.
Y antes de cumplir un año, Abdo soporta la peor crisis de su gobierno con la firma por parte del entonces embajador Hugo Saguier Caballero del acta bilateral con Brasil, concretada sin la presencia de técnicos, como correspondería.
Recién ahora, con el fantasma del juicio político, Abdo apuesta a ubicar a profesionales en cargos que exigen alto conocimiento técnico, como en el Consejo de Itaipú.