Arrom, Martí y Colmán, acompañados de abogados, se presentaron el viernes último ante un juzgado penal de Montevideo a cargo de la magistrada Blanca Riero, para solicitar la eximición de la orden de captura que hay contra los prófugos.
En nuestro país, Arrom, Martí y Colmán deben enfrentar juicio oral por el secuestro de María Edith de Debernardi, que ocurrió entre el viernes 16 de noviembre de 2001 y el martes 19 de enero de 2002.
En Montevideo, los tres alegaron que ya presentaron un pedido de refugio ante las autoridades de ese país. Sin embargo, la magistrada, al verificar que no solo hay orden de detención contra ellos, sino un pedido de extradición desde el Paraguay, determinó el apresamiento de los tres en una comisaría de la capital uruguaya.
La jueza dispuso para este miércoles 28 de agosto, a las 17:30, una audiencia en la que se debe determinar si los tres están bajo los privilegios de la figura del refugio político. Para entonces el Comité de Refugiados (CORE) del Uruguay deberá elevar un informe.
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Desde el sábado último, los paraguayos prófugos guardan prisión preventiva en un penal en Montevideo en la espera de la audiencia en el juzgado penal.
El fiscal paraguayo Federico Delfino informó que la jueza a cargo pidió al CORE y otras instituciones, el informe de la situación actual de estas tres personas, para interiorizarse al respecto y con base a esos datos, este miércoles, se sabrá si la magistrada falla a favor del refugio o del juicio de extradición.
“Simbólica” indemnización
Los prófugos huyeron al Brasil en el 2003 donde lograron refugio. Tras 15 años, 6 meses y 13 días, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) del vecino país revocó este beneficio en junio pasado.
La decisión fue ratificada en julio por el ministro de Justicia y Seguridad del Brasil, Sergio Moro, exjuez del caso Lava Jato.
Por otra parte, Arrom y Martí intentaron sin éxito demandar al Estado paraguayo una indemnización por la “simbólica” suma de 123 millones de dólares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Alegaron secuestro y tortura de agentes estatales. Sin embargo, la Corte falló el 13 de mayo pasado que no existieron elementos para condenar al Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos.